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Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos otorgó una victoria temporal al gobierno del presidente Joe Biden al permitir que se mantenga en vigor una norma que restringe el asilo en la frontera sur.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito otorgó una suspensión temporal a la decisión de un tribunal de menor instancia que había dictaminado que la política era ilegal y había ordenado su cese inmediato.
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La corte de apelaciones falló a favor del gobierno en una votación 2-1, indicando que acelerará la audiencia de la apelación. Se espera que ambas partes presenten sus argumentos en septiembre y que la audiencia se celebre en una fecha por determinar, lo que sugiere un proceso de revisión relativamente rápido.
La decisión del panel de jueces revela divisiones en su razonamiento. Los jueces William Fletcher y Richard Paez apoyaron la continuación de la norma, mientras que el juez Lawrence VanDyke disintió.
VanDyke señaló que, aunque considera la norma legítima en teoría, encuentra similitudes con políticas anteriores implementadas por el gobierno de Donald Trump que también fueron rechazadas por el tribunal. El disenso de los jueces sugiere el temor de estos a que la Corte Suprema tome una decisión diferente si el caso llegara a su nivel.
La medida fue defendida por el gobierno como esencial para mantener el orden en la frontera sur de Estados Unidos. Según Los Angeles Times, la nueva norma establece requisitos más estrictos para que las personas reciban asilo en ese país.
Implementada en mayo, la política de la administración Biden exige a los solicitantes de asilo en Estados Unidos que lo hayan hecho previamente en un tercer país, o que presenten su petición por internet. No obstante, prevé excepciones y no se aplica a los niños que viajan solos.
Esta resolución es consecuencia directa de la eliminación por parte de Estados Unidos de una política anterior conocida como "Título 42", la cual permitía la expulsión rápida de migrantes sin darles la oportunidad de solicitar asilo, con el objetivo de mitigar la propagación del coronavirus.
El gobierno estadounidense expresó su preocupación por un posible aumento en las llegadas de migrantes una vez que se levantara el Título 42, lo que impulsó la implementación de la nueva norma.
Los grupos defensores de derechos, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), argumentaron que la nueva norma pone en peligro a los migrantes al dejarlos varados en el norte de México mientras esperan una cita a través de la aplicación CBP One.
Además, sostienen que las personas deberían poder solicitar asilo independientemente de cómo crucen la frontera y cuestionan la eficacia de la aplicación gubernamental.
El gobierno federal por su parte, defendió la norma como parte esencial de su estrategia migratoria para alentar el uso de vías legales y castigar a quienes no lo hagan. En ese sentido, argumentó que esta ha sido fundamental para reducir la migración irregular.
Los grupos defensores, sin embargo, alegan que la disminución se debe más a las consecuencias más severas del procesamiento bajo el Título 8, que a la nueva norma de asilo.
La decisión de la Corte de Apelaciones genera una pausa temporal en la resolución del caso. A medida que los argumentos y las perspectivas legales se entrelazan en los tribunales, queda por verse cómo evolucionará la lucha por la norma de asilo en la frontera sur de Estados Unidos.
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