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El caso abierto en el estado de Georgia por interferencia electoral contra el expresidente Donald Trump y sus aliados, dejó este lunes al candidato republicano nuevamente contra las cuerdas, al presentar la fiscal 13 cargos en su contra, entre los que destacan el de “crimen organizado” y otros por “conspiración”.
La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, presentó ante un gran jurado de Georgia el caso que investiga desde febrero de 2021, abierto pocas semanas después de que se revelara que Trump había instado al secretario de Estado de Georgia a “encontrar” suficientes votos para revertir su derrota en el estado de Peach.
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Desde el comienzo de su investigación, la fiscal Willis señaló que estaba investigando posibles violaciones de las leyes estatales que prohíben el fraude electoral y mentir a las entidades gubernamentales, así como la conspiración, el crimen organizado y “cualquier participación en violencia o amenazas” relacionadas con la administración de las elecciones de 2020.
“¡Entonces, la cacería de brujas continúa!” dijo el expresidente en una publicación de su red Truth Social, utilizando el mismo discurso acusatorio que ha venido utilizando durante años contra sus investigadores, según CNBC.
Escribiendo mal la palabra “acusado” en inglés, Trump dijo que “19 personas fueron señaladas esta noche, incluido el expresidente de los Estados Unidos, yo, por un fiscal de distrito fuera de control y muy corrupto que hizo campaña y recaudó dinero con 'Voy a atrapar a Trump'”.
“¿Por qué no acusaron hace dos años y medio? Porque querían hacerlo justo en medio de mi campaña política. ¡Cacería de brujas!”, conluyó el republicano.
Los principales aliados de Trump, incluido su exabogado Rudy Giuliani, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, y un alto exfuncionario del Departamento de Justicia, Jeffrey Clark, también fueron acusados de delitos graves en relación con los esfuerzos para anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.
La acusación general de 41 cargos también nombra a los abogados John Eastman, Sidney Powell, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis y Ray Smith y varios otros. Según NBC News, todos fueron acusados de violar la ley RICO de Georgia (Racketeer Influenced and Corrupt Organization), traducida en español como ‘Organización corrupta e influenciada por mafiosos’.
El cargo de extorsión conlleva una sentencia de cinco a 20 años, mientras que una condena por conspiración puede resultar en una sentencia mínima de un año de prisión con una sentencia máxima variable.
Willis, quien reclutó a un gran jurado especial el año pasado que escuchó el testimonio de 75 testigos, destacó entre las evidencias la llamada en la que Trump le pidió al secretario de Estado republicano Brad Raffensperger que "encontrara" los votos que necesitaba para vencer a Joe Biden.
Por su parte, los abogados de Trump condenaron la acusación y calificaron los eventos del lunes de “impactantes y absurdos”. En una declaración a NBC News, Drew Findling, Jennifer Little y Marissa Goldberg criticaron el informe de la fiscalía.
“Esperamos una revisión detallada de esta acusación que, sin duda, es tan defectuosa e inconstitucional como lo ha sido todo este proceso”, dijeron los abogados en su comunicado.
La investigación de Willis es independiente a la que realiza el Departamento de Justicia para revelar los esfuerzos del magnate para anular los resultados electorales en las fechas previas a los violentos disturbios de sus partidarios en el Capitolio de Washington, y que incluye cargos de conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos y manipulación de testigos.
Los fiscales federales alegan que Trump estaba "decidido a permanecer en el poder" en conspiraciones que apuntaban a una "función fundamental del gobierno federal de Estados Unidos: el proceso de la nación de recopilar, contar y certificar los resultados de las elecciones presidenciales".
Estas investigaciones se suman a las abiertas en jurados de Manhattan, donde se le imputan cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con pagos a la estrella porno Stormy Daniels, y de Florida, donde enfrenta 37 cargos por su presunta manipulación de documentos gubernamentales clasificados y obstrucción de la investigación del Departamento de Justicia.
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