El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó una pena de 33 años de prisión para el cubanoamericano Enrique Tarrio, el ex líder de Proud Boys, en uno de los casos más notorios surgidos tras el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Si se impone, la condena sería la pena más larga dictada hasta la fecha en relación con unos disturbios que hicieron temblar los cimientos de la democracia estadounidense.
Hasta la fecha, la sentencia más larga por estos hechos recayó sobre Stewart Rhodes, fundador de Oath Keepers, condenado en un caso separado a 18 años de prisión por conspiración sediciosa.
"Desataron una fuerza en el Capitolio que estaba calculada para ejercer su voluntad política por la fuerza sobre los funcionarios electos y deshacer los resultados de una elección democrática", afirmaron los fiscales sobre los Proud Boys, según AP.
Aunque Tarrio no participó en el motín del Capitolio, la fiscalía le señala como organizador y líder de los Proud Boys en el asalto. Su condena previa de mayo, en la que Tarrio y tres de sus lugartenientes fueron hallados culpables de conspirar para bloquear la transferencia del poder presidencial, terminó pesando sobre esta nueva acusación.
Durante el juicio, los fiscales argumentaron que los Proud Boys se consideraban a sí mismos como soldados que luchaban por Trump mientras se difundían falsas afirmaciones de que los demócratas habían robado las elecciones, en un intento por mantener a Donald Trump en la Casa Blanca.
Además de Tarrio, se solicitan duras sentencias para Joseph Biggs, autodenominado organizador de Proud Boys (33 años); Zachary Rehl, presidente del capítulo de Proud Boys en Filadelfia, (30); Ethan Nordean, presidente del capítulo de Proud Boys en Auburn, Washington, (27); y Dominic Pezzola, miembro de Proud Boys de Rochester, Nueva York, (20 años, aunque fue absuelto de conspiración sediciosa, pero condenado por otros cargos graves).
Los abogados defensores argumentaron por su parte que no hubo conspiración ni plan para asaltar el Capitolio, intentando retratar a los Proud Boys como un grupo de bebedores no organizados cuya participación en los disturbios fue un acto espontáneo impulsado por la ira electoral de Trump. También intentaron culpar a Trump por su retórica incendiaria.
En un esfuerzo por obtener una sentencia más indulgente, los abogados de Tarrio señalaron su historial de cooperación con las fuerzas del orden, remontándose a 2012 cuando cooperó con los investigadores tras ser acusado de fraude. También argumentaron que su salud mental ha sido afectada durante su tiempo en prisión desde marzo de 2022.
A pesar de las afirmaciones de los abogados de los Proud Boys, los fiscales están buscando aumentar la pena por delitos de terrorismo (aplicación de la figura legal conocida como "terrorism enhancement"), argumentando que intentaron influir en el gobierno a través de "intimidación o coacción".
Las sentencias finales se determinarán en una serie de audiencias que comenzarán a finales de mes en la corte federal de Washington, bajo la dirección del juez federal de distrito Timothy Kelly.
Este caso se desarrolla en el mismo tribunal donde el expresidente Trump se declaró inocente en un caso presentado por el fiscal especial Jack Smith, que lo acusa de conspirar ilegalmente para subvertir la voluntad de los votantes y anular su derrota ante Biden. Trump ha negado las acusaciones en su contra.
Tarrio y sus tres lugartenientes también fueron condenados por cargos similares a los que enfrenta Trump: obstrucción de la certificación del Congreso de la victoria de Biden y conspiración para obstruir el Congreso, lo que agrega un elemento adicional de intriga a este caso de alto perfil.
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