El juicio contra el parole humanitario implementado por la administración de Joe Biden inicia este jueves en Texas, luego de la demanda de 21 estados republicanos de poner fin al programa.
En el juicio de Texas, se espera que los estados republicanos argumenten que el gobierno de Biden está usurpando básicamente el poder del Congreso al permitir la entrada en EE.UU. de hasta 360,000 personas al año procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela en virtud del programa de parole humanitario.
Afirman que el programa es una extralimitación de la facultad de conceder la libertad condicional, concebida para ser utilizada caso por caso por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo.
Si la administración de Biden pierde, socavaría una política más amplia que pretende animar a los inmigrantes a utilizar las vías legales para entrar en EE.UU. o enfrentarse a duras consecuencias.
La promesa de la administración Biden es conceder hasta 30 mil visados mensuales a solicitantes de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití. La iniciativa ha logrado disminuir en un 72 por ciento el flujo irregular por la frontera sur de inmigrantes de esos países.
La administración argumenta que tiene el poder de utilizar el parole humanitario de esta manera y atribuye a la iniciativa la reducción drástica de los cruces fronterizos ilegales de inmigrantes procedentes de esos cuatro países.
Los solicitantes del programa deben pasar un control de antecedentes y tener un patrocinador financiero en Estados Unidos que responda por ellos.
Si son aprobados, deben volar a un aeropuerto estadounidense en lugar de cruzar por la frontera sur. A continuación, pueden permanecer en Estados Unidos durante dos años y obtener un permiso de trabajo.
Los críticos afirman que la necesidad de contar con un patrocinador financiero favorece esencialmente a los inmigrantes más adinerados y con buenas conexiones, al tiempo que temen que el programa pueda utilizarse para explotar a los inmigrantes.
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