El régimen cubano se prepara para confiscaciones por "enriquecimiento indebido" y anunciaron que actualizan los reglamentos para emprender esta tarea en el nuevo contexto que vive en país.
La Fiscalía General de la República de Cuba publicó en su página web un documento en el que alerta que "el procedimiento administrativo confiscatorio vigente en Cuba desde el año 1994, presenta un alto nivel de obsolescencia, respecto a las trasformaciones realizadas en el orden jurídico, con la promulgación de la Constitución de la República de Cuba del 2019".
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El organismo estatal advirtió que les "urge perfeccionar su aplicación" y aseguran que estos procedimientos confiscatorios serán "garantía para una justicia administrativa efectiva".
En el texto recordaron que en 1994 la Asamblea Nacional del Poder Popular acordó "encargar al Consejo de Estado, la adopción con la celeridad requerida de medidas eficaces y ejemplarizantes contra quienes obtienen un patrimonio ilegítimo, acumulando riquezas y bienes materiales, al margen de lo legalmente establecido".
La institución aseguró que la decisión de la Asamblea en aquel momento fue una respuesta "ante el reclamo de la mayoría del pueblo" y considera que en 2023 esos procedimientos deben ponerse en consonancia con la realidad que vive el país.
La Fiscalía insiste en que tiene, como institución del Estado cubano, las "facultades legales para investigar y sustanciar el procedimiento".
Especifican que "el fiscal debe demostrar la vía o fuente de enriquecimiento y la desproporción entre los ingresos lícitos percibidos por el expedientado y el valor real de su patrimonio".
De la otra parte estaría el afectado, a quien le "corresponde demostrar la licitud de los ingresos utilizados en el acrecentamiento de su patrimonio, sin perjuicio de la obligación de la Fiscalía de comprobar la legalidad de los mismos o de acreditar los ingresos en caso que el expedientado no lo hiciese".
Este procedimiento en 1994 se conoció popularmente como el enfrentamiento del Estado contra "los macetas", que eran emprendedores a los que el régimen dio cordel, pero cuando se enriquecieron los criminalizó y les decomisó las propiedades. Algunos terminaron presos y otros en el exilio.
La Fiscalía ya cuenta con una primera investigación que sustenta su proyecto. Fue publicada en la web oficial con el título El procedimiento confiscatorio por enriquecimiento indebido, propuesta para su perfeccionamiento en Cuba. Está a la firma de la licenciada Yilian Toranzo Utra quien es Fiscal Provincial de Las Tunas.
El texto de la Fiscalía sale a la luz tras las declaraciones recientes del presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, quien pidió mano dura al Estado.
"La sanción que más le duele a la gente aquí es que le quiten las cosas. Eso más que las multas. Yo te quito la mercancía, te quito la propiedad tal por violar la ley, porque hay que respetar las leyes de este país. Este es un país de derecho, si tienes una licencia te la quito y si sigues violando las leyes, vas a los tribunales", dijo Lazo en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento.
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