El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió de su cargo como concejal de Miami al político Alejandro "Alex" Díaz de la Portilla, quien enfrenta varios cargos, incluyendo soborno y lavado de dinero.
En una orden ejecutiva emitida el viernes por DeSantis, se suspende inmediatamente a Díaz de la Portilla como comisionado del Distrito 1, prohibiéndole realizar funciones oficiales, recibir pagos o emolumentos relacionados con su puesto.
Díaz de la Portilla, miembro del Partido Republicano, fue arrestado este jueves junto con el abogado William W. Riley Jr. por presuntas irregularidades, incluyendo la aceptación de más de $15,000 dólares en pagos para la campaña judicial de su hermano sin reportarlos como exigen las leyes de Florida.
Riley Jr. se enfrenta a cargos por no revelar gastos de cabilderos y lavar aproximadamente $245,000 en "contribuciones políticas ocultas" para obtener permisos de construcción para un complejo deportivo en Miami.
La investigación policial también reveló que Díaz de la Portilla controlaba dos comités políticos utilizados para apoyar la campaña de su hermano y para gastos personales, reportando donaciones por un total de $2.3 millones y $800,000 respectivamente.
Díaz de la Portilla y Riley Jr. fueron liberados bajo fianzas de $72,000 y $46,000, respectivamente. El concejal ha alegado que su arresto es el resultado de una "obra de ficción" orquestada por un fiscal estatal demócrata para desacreditarlo y asegura no estar involucrado en ninguna ilegalidad.
"Lo mismo que le está pasando al expresidente Donald Trump a nivel nacional para que no gane su reelección, me lo están haciendo a mí a dos meses de las elecciones, para que yo no gane la mía", dijo Díaz de la Portilla.
El ex-comisario de Miami enfrenta una docena de cargos graves, entre ellos blanqueo de dinero, tres cargos de compensación o recompensa ilegal por comportamiento oficial, un cargo de soborno y un cargo de conspiración criminal, entre otros.
Este caso ha sacudido la política en Miami. Se originó en una investigación de la Fiscalía estatal del condado de Broward y ha dejado preocupados a muchos votantes sobre la integridad en la política y el uso indebido de la confianza pública.
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