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El Tribunal Supremo Popular de Cuba rechazó un recurso de casación presentado por cuatro personas condenadas por la muerte de tres niñas en La Habana a consecuencia del derrumbe de un balcón en enero de 2020.
Los ciudadanos Regla Isabel Rodríguez López, Adrián Frómeta González, Alain Walfrido Frómeta González y Abimael Peña Prado, fueron condenados por ser los supuestos "responsables" del colapso de un balcón en un edificio ubicado en La Habana Vieja que mató a tres niñas que se encontraban debajo.
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El derrumbe ocurrió a finales de enero de 2020 y conmocionó a miles de cubanos.
Adrián Frómeta, residente en Vives #102 entre Águila y Revillagigedo, junto a su esposa Regla Isabel Rodríguez, así como su hermano Alain y su tío Abimael, han insistido en su inocencia y denunciado que las autoridades les impusieron seis y siete años de cárcel sin pruebas.
Los cuatro acusados fueron a juicio en febrero de 2023 y en marzo Regla Isabel Rodríguez y Adrián Frómeta fueron condenados a 7 años de privación de libertad.
Alain Frómeta y Abimael Peña recibieron una pena de 6 años de cárcel.
Las cuatro condenas fueron dictadas "por tres delitos de homicidio" y confirmadas en septiembre, tras lo cual el abogado de la familia apeló al Tribunal Supremo, explicó Frómeta.
Según un documento enviado por Adrián Frómeta a Martí Noticias, el Tribunal estableció que los acusados llevaron a cabo el derribo de paredes de manera negligente, sin la autorización correspondiente y conscientes de la calificación de las personas a cargo de la demolición, lo cual "resultó en vibraciones y el desprendimiento del balcón, afectando a tres menores que transitaban por el lugar, falleciendo debido a lesiones en órganos vitales".
Las autoridades los acusaron de que unas acciones de reparación que se realizaban en su vivienda para prevenir las filtraciones ocasionaron la caída del balcón que mató a las menores, cuando en realidad quienes hicieron trabajos cercanos al derrumbe "fueron organismos de SECONS [Servicios de la Construcción], que pertenecen al Estado", se quejó el denunciante.
En declaraciones a Martí Noticias Frómeta dijo que después de la trágica muerte de las niñas María Karla Fuentes, Lisnavy Valdés Rodríguez de 12 años y Rocío García Nápoles de 11, acontecida el 27 de enero de 2020, su familia, residente en la planta baja del edificio, fue citada como testigo.
Sin embargo, entraron como testigos en el juicio sobre lo ocurrido y acabaron como imputados, sin pruebas concluyentes de que ninguna maniobra hecha por ellos en su vivienda ocasionara la caída del balcón.
"La tercera vez que fuimos citados para 100 y Aldabó, ya aparecíamos como acusados", subrayó.
En sus declaraciones al citado medio explicó que su única intervención fue realizar un derretido en un techo trasero que se encontraba mojado, acción que, según él, no pudo haber afectado al balcón en la fachada opuesta del edificio.
"El agua era mucha, solo hicimos un derretido, nunca lo ocultamos, lo dijimos desde un principio", declaró.
"Los únicos culpables aquí son la brigada del SECONS, quienes trabajaron arriba y demolieron. Están diciendo que dejaron las paredes a una altura que quedara a dos metros, cuando eso no es cierto en ninguno de los momentos", subrayó.
Varias personas han muerto desde entonces por derrumbes en sus viviendas, sin que el Estado cubano asuma la responsabilidad del deterioro del fondo habitacional del país, que mantiene en riesgo a miles de familias, especialmente en La Habana.
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