El Gobierno cubano anunció este miércoles que pondrá fin al subsidio universal a la canasta básica de alimentos, único medio por el que gran parte de las familias logra acceder a un mínimo de productos.
Al presentar el plan de impacto económico ante el Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el primer ministro Manuel Marrero Cruz explicó que la idea es "subsidiar a las personas, no a los productos", argumentando que así se creará un "sistema más justo y más eficiente". Para ello, le encargarán al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, "durante las próximas semanas y meses", identificar a las personas según su nivel de vulnerabilidad y brindarles la ayuda correspondiente.
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“No es justo que reciban lo mismo los que mucho tienen que los que muy poco tienen. Hoy nosotros le subsidiamos lo mismo a un ancianito pensionado que al dueño de grandes negocios privados que tiene mucho dinero”, dijo Marrero Cruz.
El funcionario cubano cuestionó que el gobierno ha sido lento al implementar estas medidas y sumó que no se dejará a “nadie desamparado”, obviando que actualmente el 88% de la población de la isla vive en la pobreza extrema.
En Cuba, la inseguridad alimentaria es alta e incluso con los subsidios actuales, la ciudadanía tiene grandes dificultades para adquirir productos básicos.
El más actual ejemplo, lo mencionó Marrero refiriéndose a los productos que debían llegar por la libreta de abastecimiento este mes de diciembre, dentro de los cuales muchos tienen faltantes o no han arribado a algunas partes del país.
“El mismo arroz de diciembre lo tenemos garantizado y financiado”, pero según el primer ministro, “ahora mismo… bajaron los niveles de agua en el Canal de Panamá y ahí se nos van a juntar dos barcos de arroz para Cuba y tenemos que ver cómo resolver esa situación”, sin dar más detalles de las soluciones que espera el pueblo, que es el principal afectado por la carencia de alimentos.
Datos expuestos en el VI Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, presentado en septiembre de 2023 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), demuestran que la tasa de pobreza en la isla aumentó 13 puntos porcentuales en un año, la crisis alimentaria aumentó cinco puntos porcentuales y aumentaron las preocupaciones sobre los bajos salarios y la inflación en un 50% y 34%, respectivamente.
Con estos indicadores, el régimen cubano también anunció, en la propia sesión de la ANPP, un nuevo paquete de medidas con subida de precios e impuestos a servicios básicos como el agua, el gas, el transporte y la energía, entre otros.
Fue el propio primer ministro cubano el encargado de dar a conocer que para el país es insostenible seguir subsidiando estos servicios y productos como el cigarro y el tabaco.
Igualmente en un escenario donde los dirigentes cubanos han admitido el fracaso de la llamada “tarea ordenamiento” y han planteado un nuevo rumbo en su política económica, encaminado a conseguir la “estabilidad macroeconómica”, el gobernante Miguel Díaz-Canel ha dicho que su principal tarea es la “recuperación económica” y aseguró que las medidas anunciadas por su gobierno “darán un salto necesario en la economía”.
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