El Consulado de España en La Habana ampliará a partir de febrero la capacidad de atención para cubanos que optan por la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática (LMD), mejor conocida como Ley de Nietos, según confirmó el diario España Exterior.
La estrategia es destinar más recursos humanos y materiales para agilizar la tramitación de las solicitudes de nacionalidad presentadas.
Para afrontar tal reto abrirán un nuevo local que contará con cuatro oficinas para encargarse de las diferentes fases del proceso.
Además se va a ampliar el número de trabajadores ocupados en esta tarea, según se informó durante una reunión con el Consejo de Residentes Españoles (CRE) de Cuba celebrada el pasado 18 de enero y referida por el citado medio.
David Casarejos, presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación del Consejo de Españoles en el Exterior enumeró los problemas actuales que enfrenta el Consulado de España en La Habana con el proceso de nacionalidad a través la LMD.
Casarejos señaló que los problemas con la tramitación vienen en parte por las dificultades que tiene el Consulado para acceder a la información, además que la introducción de los datos de manera manual en la base de datos no podía realizarse de una manera correcta.
Por otro lado, señala que otra noticia muy relevante y esperada ha sido que ya se ha aprobado la creación del nuevo Consulado General de España en Camagüey.
Ya se ha elegido el local en el que estará ubicado y solo faltan los trámites de apertura, aunque estos podrían demorar varios meses.
El nuevo Consulado podría ser crucial si el Gobierno español decide prorrogar la vigencia de la Ley de Memoria Democrática más allá de su fecha de caducidad actual, que es en octubre de 2024.
Las disposiciones de la LMD en materia de acceso a la nacionalidad de los descendientes de emigrantes tienen vigencia solo durante dos años desde su entrada en vigor, que fue el 21 de octubre de 2022. Ello quiere decir que el 21 de octubre de este año finalizará esa opción de acceso a la ciudadanía, aunque el Gobierno de Pedro Sánchez podría prorrogarla por un año más, hasta el 21 de octubre de 2025.
Si se prorrogara la Ley de Nietos, la apertura del consulado de Camagüey beneficiaría a muchos descendientes de españoles residentes en la zona central y oriental del país.
Las quejas por los problemas en la tramitación de las solicitudes de nacionalidad han sido una constante entre los usuarios del Consulado de España en La Habana desde que entró en vigor la ley.
Los cubanos se quejan de que no se puede presentar la documentación en los viceconsulados honorarios que existen en Santa clara, Camagüey y Santiago de Cuba, algo que facilitaría mucho las cosas.
Otras de las quejas están relacionadas con que que el Consejo de Residentes Españoles “está formado por personas mayores que no usan redes sociales”.
"En 2025 habrá elecciones a los CRE y necesitáis en Cuba aseguraros de que las listas tengan gente que puede adaptarse e informar", precisó Casarejos.
Otros problemas se refieren a la lentitud del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba a la hora de legalizar documentos, cuya demora es incluso de nueve meses.
No obstante, en octubre del pasado 2023 -a un año de la entrada en vigor de la ley- un reporte de Europa Press informó que los cubanos han sido los que más han recibido la nacionalidad española desde la aprobación de la Ley de Memoria Democrática (LMD).
El Consulado General de España en La Habana había sido hasta el cierre de agosto del pasado año el que más nacionalidades había aprobado, con cerca de 15,000 solicitudes avaladas, una cifra muy por encima del Consulado de Ciudad de México, que le seguía en segundo lugar, con más de 8,500.
Conocida popularmente como Ley de Nietos, la Ley de Memoria Democrática abrió la posibilidad para que más descendientes de españoles puedan optar por acogerse a la nacionalidad española.
Uno de los apartados que ha elevado la cifra de solicitantes es que incluye a los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad en el marco de la Ley de Memoria Histórica de 2007.
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