Vídeos relacionados:
Más de 100 personas fueron desalojadas por la policía cubana de un edificio donde vivían en La Habana Vieja, por una orden del gobierno de ese municipio, ante la amenaza de derrumbe.
El inmueble identificado con el número 70 de la calle Factoría entre Corrales y Apodaca, fue desalojado el pasado miércoles, según reporta Martí Noticias.
Lo más leído hoy:
El edificio había sido desalojado años atrás, pero la Dirección de Vivienda no selló bien el lugar y nuevas personas llegaron a ocupar la edificación.
“Ese edificio estaba declarado inhabitable y, entonces, a todas las personas que habitaban ahí se les otorgó vivienda o albergue como tal y después entraron personas que se considera -para mí no, para el Estado- que están ilegal. No se tapió en tiempo y ellos penetraron por dificultad de vivienda”, dijo una vecina a la mencionada fuente.
Entre los habitantes del inmueble se encontraban familias con integrantes menores de edad y adultos mayores, que luego del desahucio fueron vistas deambulando por parques cercanos a la zona.
“Tengo entendido que esas personas eran todas ilegales, iban para su lugar de origen. Los que eran de provincias irán para provincias”, indicó una funcionaria de Vivienda, sin identificar, a Martí Noticias.
Otra mujer, que identificaron como “María Elena”, señaló que “los que estaban colados ahí eran personas muy buenas al principio, pero vinieron personas que han acabado: escándalos en la cuadra a cualquier hora; niños que se han caído de ahí para abajo y los vecinos de la cuadra los han llevado al hospital”.
La mujer señaló que incluso “cogieron armas blancas allá adentro, pero también había personas que no tenían que ver con eso, eran muy buenas, que lloraron y todo ahí”.
Vecinos de las zonas aledañas se alegraron tras la salida de muchas de estas personas del lugar.
“Los llevaban en los camiones con todas sus cosas para sus casas. Las gentes se pusieron muy contentas y dijeron ‘¡Que los saquen!' ¡La misma población de la cuadra!”, declaró María Elena.
La ocupación ilegal de viviendas en Cuba se disparó a partir de 2022 no solo por el recrudecimiento de la crisis económica que vive el país, sino también por el aumento de la migración.
El notable incremento del fenómeno llevó al gobierno cubano a establecer un marco sancionador que incluye prisión de seis meses a dos años, o multas de 200 a 500 cuotas para los que incurran en tales actos, según subrayó la emisora radial CMHW, de Villa Clara, una de las provincias en las que la usurpación de viviendas se incrementó de forma notable en los últimos meses.
En mayo de 2022 quedó aprobada y regulada en Cuba la usurpación de viviendas como una figura delictiva en el Artículo 421 y 422 del Código Penal.
Sin embargo, el dictamen 471 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, publicado el 2 de marzo de 2023 en la Gaceta Oficial de Cuba detalló las particularidades del delito, y derogó el engorroso procedimiento administrativo que hasta ahora lastraba la agilidad en la solución de esos procesos.
Archivado en: