La violencia policial en Cuba ha cobrado al menos 95 vidas y ha afectado a 287 personas en los últimos cinco años, según un estudio realizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y El Toque.
Esta investigación presenta una radiografía alarmante de los excesos cometidos por las fuerzas del orden contra la población, en un contexto donde los reclamos ciudadanos son vilipendiados por la prensa oficialista.
La recopilación de datos revela una preocupante tendencia de violencia física ejercida por autoridades gubernamentales. Los casos van desde abusos sexuales, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales hasta la negativa de atención médica y el uso excesivo de la fuerza.
El estudio subraya vínculos entre los actos de violencia policial y la discriminación política: 274 de las 382 personas registradas como víctimas, sufrieron debido a sus ideales, especialmente en el sistema penitenciario y durante protestas públicas.
Un caso destacado es el de Aiser Roque Rivero, de 17 años, quien falleció en circunstancias sospechosas, bajo custodia policial de Placetas, Villa Clara.
Las autoridades afirmaron que se trató de un suicidio. Sin embargo, su padre alega asesinato, en vista del acoso sistemático que su hijo enfrentaba desde su detención en las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
De las víctimas mortales registradas, 76 estaban bajo custodia estatal en el momento de su muerte. Las justificaciones oficiales abarcan desde condiciones médicas hasta suicidios. Las explicaciones son cuestionables y en muchos casos indicativas de una negligencia o violencia más profunda que las cifras oficiales no revelan.
Además de los fallecidos bajo custodia policial, otras muertes reportadas incluyen a ciudadanos como Zinedine Zidane Batista Álvarez, un adolescente asesinado por la policía durante una pelea callejera.
La violencia no letal ha sido documentada sobre todo durante las protestas del 11 y 12 de julio de 2021, donde se evidenció un uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, así como durante otros eventos públicos de oposición al régimen.
Los ataques van más allá del abuso físico; abarcan también detenciones violentas, abuso sexual y otras prácticas psicológicas ejercidas contra los opositores políticos.
En un caso emblemático, el rapero y activista Maykel "Osorbo" Castillo fue detenido repetidamente sin justificación legal hasta ser condenado a nueve años de prisión.
Las autoridades cubanas intentan desacreditar a las víctimas de violencia policial y exonerar a los perpetradores, sobre todo cuando la atención mediática hace difícil negar el hecho.
El estudio asegura que hay un patrón de impunidad en el país. Los casos en los que los funcionarios del orden enfrentan repercusiones legales por sus acciones son escasos y, frecuentemente, ocultos al escrutinio público.
Los datos muestran un sistema en el que la responsabilidad por la violencia del Estado se dispersa y desaparece entre las sombras de un gobierno que no tolera la disidencia.
La realidad de los números probablemente subestime la gravedad de la situación, dada la falta de transparencia del Estado, y el miedo que infunden en los familiares de las víctimas para que no denuncien los casos.
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