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Estados Unidos condenó a ocho años de cárcel a un miembro de la llamada "mafia cubana en Quintana Roo" por blanqueo de capitales, incitación a la entrada de extranjeros, tráfico de bienes robados y soborno a funcionarios públicos.
Una nota del Departamento de Justicia informa que la Fiscalía del Distrito Sur de Florida logró una condena de 95 meses de prisión federal contra un hombre de Miami Beach llamado Javier Hernández, de 50 años, por su papel en un violento grupo de delincuencia organizada transnacional que operaba en Cuba, México, España y el sur de Florida desde 2009.
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Al grupo se le conoce como "La Mafia Cubana en Quintana Roo" y es una organización delictiva de secuestro y extorsión que tenía alcance en Miami.
Un jurado declaró a Hernández culpable "de conspiración para alentar e inducir a extranjeros a entrar o venir a Estados Unidos sin autorización, conspiración para transportar embarcaciones robadas, conspiración para traficar con determinados vehículos de motor, tráfico de determinados vehículos de motor y conspiración para blanquear dinero con el fin de promover el tráfico de bienes robados y el soborno de funcionarios públicos en octubre de 2023".
El condenado y su coacusado, Ramón Reyes Aranda, de 38 años y residente en Naples (Florida), robaban embarcaciones en la costa oeste de Florida.
Reyes Aranda identificaba las embarcaciones y Hernández las transportaba a México, donde se utilizaban para financiar y facilitar las actividades ilegales e incluso sobornaban con estos barcos a funcionarios de ese país para que los dejaran seguir operando.
Antes del juicio, Reyes Aranda se declaró culpable de participar en una conspiración de blanqueo de capitales para promover el tráfico de bienes robados y el soborno de funcionarios públicos.
Los gobiernos de EE.UU. y México participaron en una operación multinacional para combatir las actividades de un violento grupo de delincuencia organizada transnacional conocido colectivamente en México como La Mafia Cubana en Quintana Roo.
A través de esta operación, los funcionarios supieron que José Miguel González Vidal, de 36 años; Reynaldo Abreu García, de 56 años; Yohismy Pérez González, de 40 años; Yosvani Carbonel Lemus, de 43 años; Reynaldo Crespo Márquez, de 44 años, y Jancer Sergio Ramos Valdés, de 37 años, todos ellos ciudadanos cubanos residentes en México en el momento de los cargos, junto con Maikel Antonio Hechavarría Reyes y Mónica Susana Castillo, ambos de México, formaban parte de un grupo de delincuencia organizada.
Estos se beneficiaban de diversas tramas de corrupción, incluido el tráfico ilícito y la extorsión de emigrantes cubanos retenidos como rehenes en México para el pago de las tasas de tráfico ilícito.
Según las pruebas contenidas en el expediente judicial, González Vidal presentó a Hernández a Reyes Aranda para que trabajaran juntos en el transporte de embarcaciones robadas para la organización mafiosa.
Asimismo, la red red de extorsión de inmigrantes exigían a las víctimas que facilitaran información de contacto de un familiar al que posteriormente pedirían 10.000 dólares de rescate.
"Los hombres se ponían en contacto con los familiares de las víctimas, algunos de los cuales se encontraban en Miami, y amenazaban con torturar, matar de hambre y asesinar a las víctimas si los familiares se negaban a pagar. Si el familiar de una víctima podía pagar el rescate, la organización la liberaba y la enviaba en autobús a la frontera entre Estados Unidos y México con instrucciones de solicitar asilo político", subraya la publicación.
"Las víctimas cuyos familiares no podían pagar la cuota eran golpeadas, amenazadas con cuchillos y pistolas, y electrocutadas con armas paralizantes hasta que finalmente eran rescatadas por las autoridades mexicanas. Los miembros de la organización también trataban de lucrarse con tramas de tráfico de drogas y fraude", detalla.
En 2016 el Gobierno de México comenzó a dar caza a la red delictiva "La mafia cubana" que no sólo se encargaba del cruce ilegal de inmigrantes por las fronteras desde la Isla hacia México, también comercializaban con prestigiosos peloteros.
Los jugadores de béisbol eran uno de sus objetivos principales por la cantidad de dinero que podían ganar negociando su entrada a Estados Unidos, detalló el pasado año el portal de noticias Infobae.
La información de las autoridades estadounidenses expresa que luego de que los acusados fueron imputados en Estados Unidos y detenidos en espera de juicio, continuaron operando la organización en un intento de obstruir la justicia.
Aún estando dentro de la cárcel, pagaron sobornos a un empleado federal para que introdujera contrabando y sustancias controladas para su distribución en el Centro de Detención Federal (FDC), en Miami.
Por su participación en la trama delictiva, González Vidal, Crespo Márquez, Abreu García, Pérez González, Carbonel Lemus y Ramos Valdés se declararon previamente culpables de conspiración Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) y contrabando de migrantes.
La persecución de esta organización incluyó a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Unidad de Delitos Violentos Internacionales del FBI y la Sección de Delitos Violentos y Extorsión del Departamento de Justicia.
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