Cuando está a punto de ganar la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos el exmandatario Donald Trump fue condenado a pagar una indemnización de $355 millones por fraude en los estados financieros de sus empresas.
El juez Arthur Engoron leyó este viernes la sentencia en el juicio civil seguido contra el expresidente, sus hijos adultos y exejecutivos de la Organización Trump sobre una trama de fraude fiscal en la Corte Suprema del Estado de Nueva York.
Ya Engoron había dictaminado que el empresario cometió fraude al presentar durante unos 11 años estados financieros engañosos de sus empresas, para obtener préstamos y seguros con intereses muy favorables.
La sentencia incluye una prohibición a Trump de desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York u otra entidad legal esa ciudad por un período de tres años, lo que afectaría su carrera por la presidencia, informó The Washington Post.
Sin embargo, el juez obvió un fallo anterior que ordenaba la disolución de las empresas del expresidente.
La demanda civil fue presentada en 2022 por la fiscal general de Nueva York, la demócrata Letitia James, quien reclamaba 370 millones de dólares a Trump y a los demás acusados y la prohibición de hacer negocios en el estado.
"Para pedir más préstamos y a tasas más bajas, los acusados presentaron datos financieros descaradamente falsos a los contables, lo que dio lugar a estados financieros fraudulentos", escribió Ergorón.
En una breve comparecencia a primera hora del viernes en Nueva York, James saludó la sentencia como un ejemplo de igualdad de trato ante la ley: "Quiero ser clara, el fraude financiero de cuello blanco no es un delito sin víctimas", dijo.
"Cuando los poderosos infringen la ley y se llevan más de lo que les corresponde, hay menos recursos disponibles para la gente trabajadora", subrayó.
Por su parte, tras conocer la sentencia Trump, favorito en el Partido Republicano a la nominación presidencial, hizo una breve comparecencia desde Mar-A-Lago, su residencia en Florida, donde confirmó que apelará la decisión de Nueva York.
El aspirante a candidato republicano calificó el fallo de "injerencia electoral" de los demócratas y defendió sus prácticas empresariales: "Si yo no fuera candidato, nada de esto habría ocurrido, ninguna de estas demandas habría ocurrido", afirmó.
Además, aseguró que nadie salió perjudicado por lo que él y su empresa hicieron: "Todos los bancos recibieron su dinero, al cien por cien. Les encanta Trump", dijo.
Enfatizó que "no hubo víctimas, porque los bancos ganaron mucho dinero. Ganaron 100 millones de dólares".
El caso señaló a Trump, sus hijos adultos y la Organización Trump de manipular fraudulentamente los valores de las propiedades para obtener beneficios en préstamos. En 2022 el exjefe financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg, también se declaró culpable de fraude fiscal, y se comprometió a declarar si así se le solicita durante el juicio que enfrentaba la empresa.
Hace al menos dos años, la Organización Trump dejó de enviar cifras financieras exageradas sobre su patrimonio neto al Deutsche Bank y a otras entidades, pero un supervisor designado por la corte señaló que eso solo ocurrió después de que fuera demandado y que otros documentos financieros seguían conteniendo errores y tergiversaciones.
Aunque el banco ofreció a Trump tasas de interés más bajas porque había aceptado garantizar personalmente los préstamos con su propio dinero, no estaba claro cuánto bajaron los intereses debido a las cifras infladas.
En septiembre pasado, el juez Engoron dictaminó que debían revocarse los certificados estatales necesarios para gestionar muchas de sus empresas en Nueva York.
Trump enfrenta otras demandas. Esta semana llegó a la Corte Suprema la cuestión de si goza de inmunidad en el proceso penal federal por presuntamente haber conspirado para alterar el resultado de las elecciones de 2020 y alentado el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2020. La Corte oyó los argumentos orales sobre la llamada cláusula de insurrección, que refiere a la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución, la cual prohíbe ocupar puestos públicos a quien haya participado de una insurrección.
En Atlanta enfrenta cargos junto a más de una docena de personas por sus supuestos intentos de alterar el resultado de las elecciones en el estado; y en el sur de Florida está pendiente un caso sobre mal manejo de documentos clasificados, por los archivos que se llevó de la Casa Blanca cuando terminó su mandato y fueron incautados en su residencia de Mar-a-Lago después de negarse a devolverlos al gobierno.
En Nueva York se estableció para finales de marzo el inicio del juicio por cargos relacionados con falsificaciones de registros para encubrir el dinero pagado durante la campaña presidencial de 2016 a la actriz porno Stormy Daniels.
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