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EE.UU. aumenta sanciones a transportistas que trasladen a posibles inmigrantes irregulares

La nueva medida reemplaza la política 3C sobre Nicaragua, relativa a vuelos chárter, que se emitió en noviembre de 2023.

Inmigrantes detenidos en la frontera (imagen de referencia) © Twitter CBP
Inmigrantes detenidos en la frontera (imagen de referencia) Foto © Twitter CBP

El gobierno de Estados Unidos aprobó una serie de sanciones dirigidas a compañías de transporte que facilitan la entrada de inmigrantes irregulares al país.

Esta nueva política, que entró en vigencia el 21 de febrero de 2024, actualiza y extiende medidas previamente aplicadas exclusivamente a Nicaragua.

Según un comunicado emitido por Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, la nueva disposición apunta a los propietarios, ejecutivos y altos funcionarios de compañías de transporte aéreo, terrestre y marítimo.

Estas medidas se promulgan bajo el amparo del artículo 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y buscan desalentar la explotación de inmigrantes vulnerables que son a menudo víctimas de precios abusivos y arriesgan su vida en el intento de llegar a suelo estadounidense.

La política pone de relieve el compromiso del Departamento de Estado de trabajar conjuntamente con gobiernos y el sector privado, dentro y fuera de la región, para erradicar estas prácticas de explotación de inmigrantes.

El gobierno estadounidense expresó su objetivo bien claro. Consideran que nadie debería beneficiarse de esta problemática, ya sean contrabandistas, empresas privadas o funcionarios gubernamentales.

Esta nueva política sucede a eventos específicos que aumentaron la preocupación de Washington en 2023. Se registró un incremento de vuelos chárter saliendo de países como Cuba y Haití con destino a Nicaragua, muchos de los cuales regresaban vacíos a su lugar de origen.

En reacción, Estados Unidos ha denegado visas a ejecutivos de esas compañías de vuelos chárter bajo la INA, considerándolos inadmisibles si su entrada o actividades propuestas en el país podrían generar consecuencias negativas para la política exterior estadounidense.

La implicación práctica de estas medidas se ha visto reflejada en la respuesta de empresas de vuelos chárter como Air Century, con sede en República Dominicana, la cual suspendió en noviembre sus servicios de vuelos desde Cuba a Nicaragua.

Del mismo modo, Aruba Airlines se sumó a la iniciativa, cesando sus operaciones aéreas entre ambos países tras el anuncio de las sanciones por parte de las autoridades estadounidenses.

Las acciones del gobierno estadounidense forman parte de un conjunto de esfuerzos destinados a mitigar la migración irregular y proteger a los inmigrantes de rutas peligrosas y de la explotación.

Esta semana la Administración del presidente Joe Biden anunció también que hará un cambio en las políticas sobre refugio a personas en su territorio. Incrementará los estándares en las entrevistas de miedo creíble, elemento clave en la determinación inicial del derecho a asilo.

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