El régimen cubano cerró 45 establecimientos que no cumplían con las indicaciones dictadas desde el gobierno de imponer el pago electrónico en el cobro de sus servicios, según información que circula por los medios de divulgación oficiales.
Según una nota publicada en el diario oficial Granma, tras una inspección, el pasado mes de febrero, a 3,341 entidades dedicadas al comercio, divididas en 1,895 del área estatal y 1,446 de la gestión privada, detectaron que en 893 no se cumplía con lo establecido en la Resolución 93/2023 del Ministerio del Comercio Interior (Mincin).
La Resolución 93 de 2023 del Mincin, que entró en vigor el pasado 2 de febrero, obliga a las entidades dedicadas al comercio a proporcionar a los consumidores el acceso y uso de los canales electrónicos de pago, por lo que al incumplir con estas condiciones, las autoridades pueden multar, decomisar y hasta cerrar los establecimientos.
Los cierres de 45 entidades están amparados bajo esta norma, en la que además se aplicaron 89 multas y 75 retiros de autorizaciones comerciales, refirió al mencionado medio Mirurgia Ramírez Santana, directora de Regulación del Mercado y Mercadotecnia del Mincin.
La funcionaria indicó que los casos más repetitivos se dan en el área privada de la comercialización y en los puntos de venta de los mercados agropecuarios pertenecientes al Ministerio de la Agricultura.
Resaltó que en el caso del Ministerio de la Alimentación, los incumplimientos se asocian, fundamentalmente, a las panaderías de subordinación local.
El reporte también señala que antes de la puesta en vigor de esta Resolución, las direcciones de Comercio en los territorio tenían en la mirada a 10,723 actores económicos que no cumplían con el pago electrónico, de ellos, 4,192 eran estatales, 5,653 trabajadores por cuenta propia, 827 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), 47 proyectos de desarrollo local y cinco cooperativas no agropecuarias. Aseguran que “el 58 % de las entidades no poseían ninguna pasarela de pago”.
La aprobación de esta Resolución se inscribió en el anuncio del régimen cubano de un programa para la bancarización del país con vistas a incentivar el uso de los canales electrónicos de cobro y pago en la isla, donde ni los cajeros cuentan con efectivo.
Desde que se dio a conocer su aprobación, el gobierno afirmó que la medida involucraría a todas las personas naturales y jurídicas que realizan actividades comerciales que necesitan Inscripción en el Registro Central Comercial (RCC).
También contemplaría una disposición transitoria para las personas naturales y jurídicas que a la entrada en vigor de la resolución no posean las facilidades de pago por las vías mencionadas.
A finales de 2023 el gobierno se quejó de que los negocios privados se resisten al proceso de bancarización. Manuel Marrero advirtió a los emprendedores que "nadie se puede negar a que un cliente le pague electrónicamente".
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