La administración Biden anunció cambios significativos en la política de asilo político que podrían afectar a los represores de regímenes autoritarios en países como Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Según expertos consultados por Martí Noticias, estas nuevas medidas restringirán la entrada a EE.UU. de individuos con antecedentes penales o que hayan participado en actividades represivas.
“Están dándole la discreción a los oficiales de asilo en la frontera de hacer una serie de preguntas que descalificarían a los inmigrantes si participaron en la persecución de otras personas, si han sido convictos o cometido delitos no políticos. Además, tampoco podrán pedir asilo quienes hayan obtenido esta condición en un tercer país o se presuma que sea un peligro para Estados Unidos”, dijo al citado medio el abogado Ángel Leal.
Con las nuevas regulaciones, los funcionarios podrán tomar la decisión de denegar la entrada a migrantes desde la fase inicial del proceso, un cambio significativo respecto a las prácticas anteriores donde la determinación de elegibilidad se realizaba en una etapa posterior.
Estas regulaciones también podrían afectar a los disidentes cubanos, quienes a menudo son encarcelados por el régimen bajo cargos fabricados de delitos comunes. "Nos preocupa que las personas que hayan participado en marchas o manifestaciones, y que tengan condenas por delitos comunes, no puedan obtener asilo", agregó Leal.
Las nuevas disposiciones fueron descritas por el Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas como un paso más para "garantizar la seguridad del público estadounidense identificando y eliminando más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad y no tienen base legal para permanecer aquí".
Con las nuevas pautas, quienes hayan ordenado, asistido o participado en actividades represivas –ya sean miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR) o del ministerio del Interior (MININT)- quedarían descalificados para solicitar asilo en Estados Unidos.
Según Leal, en caso de que el migrante mienta a la hora de su entrevista de miedo creíble, o esconda información sobre su participación en actividades represivas, podrá ser denunciado por fraude y retirados sus beneficios migratorios.
La nueva política hará más exhaustivas dichas entrevistas, lo cual supone una carga adicional para los funcionarios de inmigración. Según un comunicado de DHS, la propuesta tiene como objetivo mejorar la flexibilidad operativa y ayudar al DHS a expulsar más rápidamente a ciertos no ciudadanos a quienes se les prohíbe el asilo y la retención legal de deportación.
Más de 720,000 personas expulsadas o devueltas en un año
Desde el 12 de mayo de 2023, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha expulsado o devuelto a más de 720,000 personas, acorde al citado medio.
El endurecimiento de los controles migratorios en la frontera se relaciona con las quejas expresadas por muchos activistas y cubanoamericanos, entre ellos congresistas como Marco Rubio, que han denunciado el número ingente de oficiales del régimen cubano que entran por el sur de Estados Unidos pidiendo asilo tras reprimir y encarcelar disidentes.
La decisión se inscribe en las políticas de restricción de visas a personas que se dediquen a reprimir y perseguir a disidentes, activistas y periodistas, tales como la llamada "Prohibición de Khashoggi", que veta la entrada a EE.UU. a los represores dedicados a estas actividades con carácter extraterritorial.
Los cambios, que serán efectivos hasta el 1 de mayo de 2024, están diseñados para acelerar la expulsión de aquellos que no califiquen para permanecer en el país, un tema que ha sido un punto focal en las tensiones políticas actuales de EE.UU., especialmente en el contexto de la próxima contienda electoral.
En los últimos años el presidente demócrata ha enfrentado serias presiones dentro de su partido para actuar en solitario en la frontera tras el fracaso de un plan bipartidista de inmigración del Senado a principios de este año.
Ahora los funcionarios del presidente Joe Biden intentan aprovechar el fracaso del acuerdo fronterizo para reducir la ventaja de Donald Trump en las encuestas sobre fronteras e inmigración.
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