El tribunal provincial de Pinar del Río impuso hasta ocho años de cárcel a cinco jóvenes menores de 20 años que asaltaban a las personas armados con machetes.
El juicio oral y público se efectuó el pasado 30 de abril. A los acusados se les imputó un delito de robo con violencia e intimidación en las personas.
Los cinco encausados, quienes se encontraban en prisión provisional, tenían entre 16 y 19 años al momento de cometer los hechos.
Los robos ocurrieron en la madrugada del cuatro y cinco de abril de 2023, en las avenidas Borrego y Colón de la ciudad pinareña.
Según el reporte del periódico Guerrillero, citado por Cubadebate, los delincuentes, con capuchas en la cara y armados de machetes y maderos, atacaron a seis jóvenes que estudian en la universidad y les quitaron sus pertenencias de valor, "causando terror en los perjudicados".
Las acciones cometidas "causaron un régimen de cierto terror en la población, especialmente universitaria". Dichos actos, precisa la nota, son "incompatibles con los principios de tranquilidad ciudadana de los cuales Cuba -alega- es abanderada".
Las autoridades presumen de que el tribunal tomó en cuenta la edad de los acusados, todos muy jóvenes, para imponerles la sanción, las cuales podrían haber sido más severas, ya que el Código Penal establece penas de ocho a 20 años de privación de libertad para este delito.
Por otra parte, la información añade que los jueces analizaron la vulneración al patrimonio que significaron los robos, máxime en estos momentos de crisis económica, y que se trata de un delito pluriofensivo, porque ataca también la integridad corporal.
La semana pasada, la prensa oficialista informó de una sanción de 30 años de prisión impuesta por el tribunal provincial de La Habana al autor de un asesinato, en un suceso vinculado a una salida ilegal del país en el que se cometieron otros delitos.
Según relató un reportaje emitido en el Noticiero de la televisión, un cadáver fue encontrado el año pasado en el municipio Boyeros, con signos de haber sido asesinado con armas blancas.
La Policía determinó que el crimen tenía como trasfondo una salida ilegal del país organizada por cuatro personas que debían construir una embarcación rústica. La víctima se arrepintió de entregar el carro que se utilizaría en el traslado y fue asesinado.
En el juicio, además del imputado por asesinato, otros cuatro sujetos recibieron sanciones de entre 10 y 13 años de privación de libertad por tráfico de personas.
En marzo, una alta funcionaria de la Fiscalía General negó que en Cuba haya aumentado la violencia criminal, que incluye los delitos de asesinato, homicidio, lesiones, robo con violencia y agresión sexual.
Beatriz de la Peña La O, jefa del Departamento de Investigación de la Dirección de Procesos Penales, intentó desviar la atención hacia las redes sociales y su capacidad de dar información con un alcance mayor.
Según la fiscal, existe una falsa percepción de que hay más delitos ya que las redes dan mayor visibilidad de los hechos y creció el número de usuarios de Internet.
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