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Cubana denuncia maniobras de autoridades para decomisar camión de su padre en Santiago de Cuba

El hombre, junto a otros transportistas lleva más de un año en prisión sin juicio y las autoridades estarían poniendo a la venta el camión que permanece retenido en depósito.

El camión retenido y su propietario en el Puerto de Santiago de Cuba © Facebook / Liset Vallejo Salazar - Pubi Manuel Vallejo Goderiche
El camión retenido y su propietario en el Puerto de Santiago de Cuba Foto © Facebook / Liset Vallejo Salazar - Pubi Manuel Vallejo Goderiche

Una joven cubana denunció el decomiso ilegal del camión de su padre en Santiago de Cuba por presunta actividad ilícita y acusó a las autoridades de dilación en el esclarecimiento del caso para confiscar y apropiarse del vehículo.

Así lo relató Liset Vallejo Salazar en una publicación de redes sociales a las que acudió ante el silencio de las autoridades y las maniobras para dilatar el procedimiento sancionador, con el fin de confiscar fraudulentamente el camión del transportista particular.

Captura de pantalla Facebook / Liset Vallejo Salazar

“Quiero aclarar que antes de hacer esta publicación hemos presentado quejas en los lugares pertinentes y no hemos sido escuchados. Recurrimos a las redes sin más opción, no queríamos tener que llegar a las redes pero no nos dejan otra opción. Fiscalía General de la República de Cuba, con todo el respeto, queremos ser escuchados y que revisen el trabajo de la fiscalía en Santiago de Cuba”, dijo Vallejo Salazar en Facebook.

Acorde al testimonio de la joven, su padre y otros camioneros se encuentran en prisión desde hace un año y un mes, todavía a la espera de juicio. En todo este tiempo, el vehículo ha permanecido retenido como “depósito” en las instalaciones de una empresa estatal.

El padre, “junto a otros camioneros que trabajaban para el puerto en Santiago de Cuba, están presos hace un año y un mes, sin hacerle juicio. Tienen su camión en la empresa DIVEP, en calidad de depósito. Ojo, no está decomisado, pero ya la empresa lo está comercializando y la fiscalía lo está permitiendo, ya que sabía esto desde un principio y para eso pusieron el camión ahí”.

Las quejas y avisos de la familia y los abogados han sido desestimados. Las autoridades les dicen que “no proceden”. Además, según Vallejo Salazar, el expediente abierto contra su padre y sus compañeros está plagado de acusaciones falsas “con miles de irregularidades”.

Al parecer, las autoridades santiagueras les imputan un delito de robo que nunca ocurrió, pues “jamás llegaron a salir del puerto, ni hubo pérdidas económicas, ya que la soya desde el puerto fue depositada en los silos”.

“Estos camiones significan la manutención de niños y personas mayores sin chequera, que ahora mismo dependen de vecinos y amistades. En el caso de mi papá, se trata de un camión obtenido por herencia familiar, de parte de su papá”, contó la joven.

El camión, un magnífico vehículo del fabricante Fargo Motor Car Company de Chicago -que luego pasó a manos de Chrysler y Dodge- aparenta estar en perfecto estado de conservación, a pesar de tener más de seis décadas de explotación. Fotografías compartidas por la autora de la publicación dan fe de ello.

Sin embargo, tras la retirada del vehículo a su legítimo propietario, la familia teme que pueda terminar “canibaleado” (desmontado por piezas) o afectado por las pésimas condiciones de protección del depósito donde se encuentra.

La empresa que retiene el vehículo y lo que dice la Ley en Cuba

La Empresa Comercializadora DIVEP (División de Equipos y Piezas) pertenece al Grupo Estatal Corporativo Comercializador del SIME (Industria Sidero Mecánica). Se encarga de la comercialización de equipos, piezas, accesorios y agregados de transporte pesado y ligero, agrícola y construcción, con todas las actividades que le sean afines, incluyendo las importaciones y exportaciones.

Entre sus actividades también se contemplan los servicios técnicos, el arrendamiento de equipos e instalaciones y otros medios propios a entidades estatales, mixtas y privadas y la venta de partes, piezas, agregados y accesorios de uso difundido en la población.

Con la aprobación en 2021 de la Ley No. 143 “Ley del Proceso Penal”, el instructor penal cuenta con un plazo máximo de 90 días para practicar las acciones de instrucción y demás diligencias de la fase preparatoria.

Sin embargo, el fiscal puede conceder una prórroga de este plazo para la terminación del expediente, que puede alargarse hasta 180 días contados desde de la fecha de la resolución de inicio, "momento en que el instructor penal está obligado a entregarlo al fiscal en las condiciones en que se encuentre y, excepcionalmente, la Fiscalía General de la República puede conceder nueva prórroga, para la conclusión de la instrucción del expediente, por el tiempo que amerite la complejidad del asunto”.

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