Miguel Díaz-Canel persiste en su idea de que la empresa estatal socialista sí puede y debe ser rentable, empeñado en hacer de ella la piedra angular de un régimen que ha experimentado por más de 60 años con la teoría económica del comunismo, dejando un país en ruinas y una élite atornillada al poder.
De visita en el municipio tunero de Amancio Rodríguez, el gobernante cubano se interesó por los rendimientos de la Planta de Alimentos Pedro Plaza Fernández, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Tecnoazúcar Las Tunas.
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En diálogo con Iraldo Diego Suárez, director de la entidad, el también primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) conoció que la empresa “se dedica a la producción y comercialización de alimentos inocuos con calidad, embutidos y otros derivados cárnicos, así como el procesamiento de frutas y vegetales”.
Tras ser informado de nuevos emprendimientos y maravillosos resultados por sus responsables, Díaz-Canel resaltó que “las entidades como estas que logran diversificación, gestión, crean autoconsumo y encadenamientos productivos, logran superar los obstáculos y beneficiar a sus trabajadores”.
“Entre los objetivos de este polo productivo está demostrar que la Empresa estatal socialista sí puede obtener resultados positivos, sembrar grandes volúmenes de tierra que permitan altas producciones y satisfacer la demanda alimentaria del municipio, y rebajar los precios”, remató el gobernante designado por el general Raúl Castro para sucederle en el poder.
Así lo recogió la cuenta en X de la Presidencia de Cuba, destacando la frase que contiene tres ideas claves que repite la propaganda del régimen como un mantra para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.
Esas tres ideas son las siguientes: la centralidad de la economía planificada socialista y sus empresas estatales en la economía cubana, el traslado de la responsabilidad por el bienestar de la población del gobierno central a los gobiernos locales (provinciales y municipales), que deben ser los encargados ahora de “satisfacer la demanda alimentaria del municipio”, y la imperiosa necesidad de producir para corregir el desbalance entre oferta y demanda, contener la inflación y bajar los precios.
Sobre la primera, ya el propio Díaz-Canel se ha encargado de machacar una y otra vez la necesidad de demostrar “el éxito de la empresa estatal como ente fundamental de la economía”.
Al tiempo que impulsa un tejido de pequeñas y medianas empresas (Mipymes) privadas bajo control del gobierno, y abre las puertas para la progresiva y disimulada privatización de la economía estatal a través de “nuevos actores” y “encadenamientos productivos”, el gobernante cubano subraya la importancia de la economía socialista para el “proyecto social” de la llamada “revolución”, de forma que no pueda ser acusado de estar entregando la riqueza nacional a manos privadas y de confianza del régimen.
Sobre el traslado de la responsabilidad del bienestar de los cubanos a los entes locales, la estrategia del régimen es la misma que utilizó para sacudirse de encima la responsabilidad por los abusivos precios y la desigualdad que suponía la existencias de tiendas MLC. Las fue vaciando de contenido para crear “nuevos actores” (empresarios) que asumieran la responsabilidad por el abasto y los precios de los productos de primera necesidad que antes vendía el “Estado”.
Ahora le toca a los municipios y sus gobiernos locales asumir la responsabilidad por la distribución de alimentos que ya no garantiza el gobierno central y sus políticas de racionamiento. Con la lenta extinción de la libreta de abastecimiento, la alimentación de los cubanos pasa a ser responsabilidad de lo que puedan hacer al respecto los gobiernos locales.
Lo mismo sucede con los precios. Si estos siguen altos en relación con el maltrecho poder adquisitivo de los cubanos, no es responsabilidad del gobierno central y sus “políticas económicas y monetarias”, sino de la capacidad de las entidades locales para producir alimentos y bienes de primera necesidad para, con ello, satisfacer la demanda y bajar los precios.
Mientras la riqueza nacional pasa a manos privadas sin concurso público, con exclusión arbitraria de actores económicos, sin transparencia y ni siquiera supervisión de la contraloría sobre los dueños del 70% de la economía dolarizada del país; mientras la cúpula del régimen se lava las manos con la escasez de alimentos, altos precios e inflación, y decide “eliminar gratuidades excesivas y subsidios indebidos”, cargándose el “contrato social” que significaba la libreta de abastecimiento, el Dr. Díaz-Canel se recorre la Isla entera en medio de su peor crisis energética para predicar las bondades de una presunta economía socialista en vías de extinción, según el paradigma mafioso ruso para la creación de nuevo poder oligárquico, corrupto, elitista e irremplazable.
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