Temeroso del malestar que se viene incubando en la sociedad, el régimen cubano ha vuelto a echar mano de su aparato propagandístico para amenazar y atemorizar a la población con la figura penal de la “desobediencia”.
Los ciudadanos sin vinculación laboral o académica alguna, que hayan sido “alertados” por los órganos de prevención social por su “conducta antisocial”, y que mantengan su comportamiento, podrán ser blancos de una política de “delación anónima” promovida por las autoridades represoras del régimen.
Así lo explicó el coronel del ministerio del Interior (MININT) y jefe del órgano especializado de investigación y procesos de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), Rogelio Luis Lazo.
Entrevistado por el presentador Humberto López para el programa Hacemos Cuba, el oficial de la PNR explicó el mecanismo por el cual un ciudadano puede ser objeto de denuncias anónimas, vigilancia policial y hasta proceso penal en caso de no vincularse laboral o académicamente, y seguir manteniendo un comportamiento que ignore las advertencias del grupo de prevención social que se ocupa de su caso.
Compuestos por el jefe de Sector de la PNR, el secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) de su circunscripción, los jefes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Federación de Mujeres de Cuba (FMC) y otras organizaciones de masas, estos órganos de prevención social serán el eslabón previo al actuar de la Fiscalía, que podrá instruir por desobediencia a quienes no acaten lo dispuesto por estas “autoridades”.
“Lo que necesitamos es información de la persona que se dedica a estas conductas, de las personas que perturban el orden”, indicó el coronel Lazo al presentador y portavoz de los mensajes de coacción, amenazas y manipulación de la Contrainteligencia del régimen.
Esa información que necesitan las autoridades para actuar penalmente contra quienes desoyen las “advertencias” puede llegar por vía de una “delación anónima”, o chivatazo.
Hasta aquí, nada nuevo: el régimen cubano siempre ha promovido la “chivatería” como comportamiento "cívico" ajustado a los principios de la llamada “revolución”. La delación forma parte del ADN totalitario introducido en una sociedad dominada por más de 60 años de dictadura militar de partido único.
“¿Qué es lo que hay que decirle a las autoridades?... Fulanito está en la esquina permanentemente, no trabaja, no estudia. ¿Ustedes van a preservar la identidad de quien dé esa información?”, preguntó didáctico López, subrayando el mensaje de cualquiera, de forma anónima, puede ser el delator de los “antisociales”.
Encargado de infundir confianza a los delatores potenciales (“¿eso no será mal visto por el resto de la gente?”), el presentador insistió en sus preguntas para que el oficial de la PNR explicara diáfanamente que el anonimato se protege por los órganos represivos del régimen.
“En primer lugar hay que trasladar la confianza a nuestro pueblo. Como principio, se preserva la identidad de las personas que colaboren con la información para denunciar estas conductas. Eso es un principio en el trabajo policial”, aseguró Lazo.
La estrategia que se viene orquestando desde Palacio
Un reciente artículo publicado en el órgano oficial del PCC sirvió de guía al programa en el que también participaron la magistrada Presidenta de Sala del Tribunal Supremo Popular, Ileana Gómez Guerra y la Fiscal Jefa de la Fiscalía Provincial de La Habana, Lisnay Mederos Torres.
Los medios oficialistas al servicio del PCC, únicos legales en Cuba, se han volcado a difundir esta “buena nueva” encaminada a mantener un férreo control sobre la población: los “antisociales” podrán ser detenidos en prisión provisional hasta que se instruya un caso penal y sean juzgados por desobediencia.
Si con el antiguo Código Penal, los desafectos del régimen eran perseguidos por “peligrosidad social predelictiva”, con la nueva norma aprobada en mayo de 2022 (y que supuestamente desechaba una figura odiosa y denunciada como mecanismo represivo por expertos y organismos internacionales), las personas sin vínculos laborales y académicos que se desentiendan de las advertencias de las autoridades de prevención y atención social podrán ser condenadas por desobediencia.
A mediados de mayo, el gobierno de Santiago de Cuba anunció medidas para detener la creciente desvinculación laboral y del estudio de los jóvenes en esa provincia, y amenazó con ir casa por casa para hacer un levantamiento estadístico.
Manuel Falcón Hernández, gobernador de la ciudad, declaró que se llevará a cabo un exhaustivo levantamiento de información en cada vivienda para identificar la situación laboral y educativa de sus habitantes. Según el funcionario, se realizará un informe detallado a nivel de Circunscripción y Consejo Popular, el cual le será remitido para su evaluación.
“Tenemos algunas gentes que son vagos, desvinculados del estudio y el trabajo, no aportan y reclaman muchos derechos, pero no cumplen deberes”, declaraba un mes antes el gobernante Miguel Díaz-Canel durante una visita a Baracoa, emitiendo señales de la política represiva que se está implementando en Cuba de cara a frenar las protestas que el régimen prevé ocurrirán durante el verano.
Un mes después de esta visita con amenaza incluida, vecinos de Baracoa protagonizaron una protesta callejera después de una jornada de apagones que llegó a tenerlos sin suministro eléctrico por más de 14 horas.
El régimen cubano apunta a los "elementos antisociales" para lanzar amenazas que en el fondo están dirigidas al conjunto de una sociedad que ha llegado al límite de su paciencia ante la descomunal crisis socioeconómica, energética y migratoria que sufre desde hace años.
Pero la indignación es creciente como el abismo abierto a los pies de los cubanos, y los delatores anónimos convocados a chivatear para el régimen menguan en estos días terribles.
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