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El conjunto de medidas destinadas a relajar las sanciones impuestas a Cuba y favorecer a los empresarios de la Isla, anunciado este martes por el Gobierno de Estados Unidos, excluye a una serie de actores políticos y funcionarios del régimen cubano.
La administración Biden, declaró que el objetivo principal de estas acciones es "aumentar el apoyo al pueblo cubano", "promover" la libertad de Internet en Cuba, y apoyar a los emprendedores privados independientes, además de expandir el acceso a ciertos servicios financieros para los cubanos.
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Dentro del anuncio de estas nuevas medidas, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, decidió excluir a ciertos funcionarios cubanos "prohibidos" y a miembros del Partido Comunista de Cuba (PCC) de los beneficios que estas nuevas regulaciones podrían proporcionar.
Esta medida busca asegurarse de que estos individuos no se beneficien de las acciones estadounidenses destinadas a favorecer a los empresarios del sector privado independiente.
Definición de "Prohibidos"
El término prohibited o "prohibido" que emplea la regulación estadounidense no abarca a todas las personas vinculadas de alguna manera con el Gobierno cubano, el PCC o las organizaciones que este controla.
La sección 515.337 de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, uno de los grupos de regulaciones que sostienen las sanciones estadounidenses, considera "funcionarios prohibidos del Gobierno cubano" a una lista bastante extensa pero cerrada de personas. Según apunta elTOQUE, esta lista incluye:
- Ministros y viceministros.
- Miembros del Consejo de Estado y del Consejo de Ministros.
- Miembros y empleados de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
- Miembros de cualquier Asamblea Provincial.
- Jefes de sector locales de los CDR.
- Directores generales, subdirectores generales y superiores de los ministerios y agencias estatales cubanas.
- Empleados del Ministerio del Interior (MININT).
- Empleados del Ministerio de las Fuerzas Armadas (MINFAR).
- Secretarios y primeros secretarios de la CTC y sus sindicatos componentes.
- Redactores jefes, editores y subeditores de las organizaciones y medios de comunicación estatales cubanos.
- Miembros y empleados del Tribunal Supremo Popular.
En cuanto a los militantes del Partido Comunista, la lista es aún más restringida. Según la sección 515.338 de las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, solo pueden considerarse miembros prohibidos del PCC los integrantes del Buró Político del Comité Central de la organización.
Esta lista incluye a 14 personas, entre las que destacan figuras como el primer secretario del PCC, Miguel Díaz-Canel, Esteban Lazo Hernández, Roberto Morales Ojeda, Álvaro López Miera (ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias) y Lázaro Alberto Rodríguez Casas (ministro del Interior).
Desafíos en la implementación
La aspiración de no beneficiar a funcionarios del Gobierno y del Partido Comunista cubanos con las nuevas medidas de la administración Biden estará limitada no solo por obstáculos legales, sino también por dificultades prácticas.
La principal radica en los impedimentos materiales que tendrán muchos proveedores de servicios para determinar fácticamente qué "emprendedores" o beneficiarios (incluidas Mipymes y cooperativas) no son parte de la lista de funcionarios prohibidos o representan sus intereses en condición de "testaferros".
La OFAC ha comprendido esta dinámica y ha establecido que espera de los proveedores de servicios estadounidenses que confíen razonablemente en la información proporcionada por sus clientes en el curso ordinario de los negocios.
Esto significa que, a menos que sepan o tengan motivos para saber que una transacción o una persona no está autorizada, los proveedores no estarán obligados a realizar acciones específicas para corroborar si el beneficiario de su servicio es o no un "funcionario prohibido del Gobierno cubano".
La responsabilidad recae por tanto en los actores cubanos, quienes están obligados a declarar que la transacción propuesta está autorizada según las regulaciones del embargo.
La administración Biden anunció el conjunto de medidas como destinadas a apoyar al pueblo cubano y a los emprendedores privados. Sin embargo, los cortafuegos para evitar que los beneficios lleguen a los altos funcionarios del Gobierno y del Partido Comunista generan dudas entre los críticos de una política que consideran errónea, y que terminará afianzando al régimen totalitario al poder.
La implementación de estas regulaciones enfrentará desafíos significativos, tanto legales como prácticos, en la identificación y exclusión efectiva de los individuos "prohibidos". La confianza en la buena fe de los actores involucrados y las posibles denuncias de terceros serán claves para el éxito de esta política.
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