El gobierno cubano cerró en abril 476 negocios en el país por no permitir el uso de canales electrónicos para el pago por la ciudadanía de los servicios o bienes que comercializan, según establece el programa de bancarización impuesto por el régimen.
La ministra de Comercio Interior (Mincin), Betsy Díaz Velázquez, dijo en el programa oficialista “Mesa Redonda” que la cifra de establecimientos cerrados por no usar las vías electrónicas de pago, como dispone la Resolución 93 de 2023, es aún “insuficiente” porque en algunas provincias “el nivel de enfrentamiento (a los infractores) es bajo”.
Díaz precisó que durante abril creció el número de inspecciones a entidades privadas y estatales, con la realización de 8,169 “acciones de control”, sin embargo, aseguró que se han incrementado las denuncias de la población de establecimientos que no permiten el pago electrónico.
Según la funcionaria, las empresas estatales “tienen que dar el ejemplo”. Pero aunque el 98 % de las entidades del comercio minorista han implementado estos sistemas de pago, continúan llegando denuncias de establecimientos donde las personas no han podido pagar por esa vía, señaló.
Reveló que los mayores problemas están localizados en los mercados agropecuarios de empresas estatales y arrendados, en las panaderías de la Cadena Cubana del pan y en otras formas de gestión estatal, que ni siquiera han creado el código para las transacciones o no amplían el uso de los canales electrónicos de pago.
En el sector privado, la ministra afirmó que hay empresas con “niveles de importación que, cuando usted va a su cuenta fiscal, no han hecho operaciones; por tanto, el código que tienen no se utiliza”.
Asimismo, dijo que ha proliferado la práctica por entidades no estatales de cobrar al cliente un gravamen de un 10 y 15 % por usar un canal electrónico y que también se producen pagos a cuentas de personas y no a la del negocio donde se realiza la compra.
Díaz advirtió que “es un tema de respeto a lo que el Estado ha establecido, los gobiernos legislan y se tienen que respetar las normas”.
La titular del Mincin reveló, además, que se han retirado licencias en 380 establecimientos y se han impuesto multas. No obstante, consideró insuficientes las cuantías de las multas, que en virtud del Decreto 184 están en el rango de 25 a 100 pesos.
“Eso no tiene ningún efecto, pero estamos en la modificación del Decreto. Las multas serán cuantiosas -amenazó-, y a los cierres (de establecimientos) les vamos a poner término también. Tiene que haber un rigor”.
La ministra insistió en que el gobierno continuará trabajando para que se cumplan estas políticas en todo el país, y justificó su necesidad alegando la falta de efectivo, un problema que golpea fuertemente a los ciudadanos, sobre todo cuando tienen que extraer los salarios o pensiones de los cajeros automáticos, donde no hay dinero suficiente.
El régimen cubano dispuso en noviembre pasado la obligatoriedad de los comercios del país de facilitar a los consumidores los medios necesarios para el pago electrónico.
La Gaceta Oficial de la República publicó la Resolución 93 de 2023 del Mincin, que obliga a las entidades dedicadas al comercio a proporcionar a los consumidores el acceso y uso de los canales electrónicos de pago.
La medida estableció como requisito para esos establecimientos poseer las facilidades de pago por las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta, para la comercialización de bienes y prestación de servicios al consumidor.
En esa fecha, según información oficial, en el país había al menos 20,000 unidades de Comercio y de subordinación local que contaban con pago electrónico. Pero se determinó que los actores económicos estatales y no estatales que realizan actividades rectoradas por el Mincin también estarían obligados a garantizar los canales para el pago electrónico.
Previo a la entrada en vigor de la medida, el 2 de febrero de este año, el gobierno cubano advirtió que los negocios sin opciones de recibir pago electrónico enfrentarían multas, cierres y decomisos.
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