El régimen presentó oficialmente la Ley de Comunicación Social en Cuba, tras más de un año de haber sido aprobada en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
La nueva norma se publicó este miércoles, en la edición ordinaria de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, número 48. El documento ha generado una ola de críticas por parte de la comunidad internacional y los medios independientes.
Esta normativa permite por primera vez el uso de la publicidad comercial en la radio y la televisión nacional, algo prohibido desde 1959.
La Ley de Comunicación Social ignora y censura una vez más a la prensa independiente. Se refuerza con este instrumento legal el control del régimen sobre la información y los medios de comunicación en el país y para lograrlo estará acompañada de dos decretos regulatorios.
A pesar de su supuesta intención de modernizar el marco comunicacional en la isla, esta ley se percibe como un intento del gobierno de mantener su monopolio sobre los medios, fortaleciendo su control desde el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Además, introduce regulaciones sobre los fenómenos digitales, identifica a personas con influencia comunicativa e impone responsabilidades a los ciudadanos por los contenidos que generan, seleccionan, modifican, interactúan y publican en el ciberespacio.
La presentación de la Ley fue ante la prensa oficialista
Onelio Castillo, vicepresidente del Instituto de Información y Comunicación Social (IICS), celebró la publicación de la ley, en lo que consideró una jornada trascendental que culmina 40 años de debate.
"No es una ley gremial, no es una ley que se construye para los órganos y entidades del Estado. Es una ley que se implementará para toda la sociedad, para que el pueblo pueda comunicarse mejor, para que la administración pública se comunique mejor con el pueblo, para más diálogo y más participación popular", dijo el funcionario.
La Ley de Comunicación Social se aprobó en mayo de 2023 tras numerosos borradores y un retraso de seis meses por falta de consenso interno. Entrará en vigor dentro de 120 días. Castillo señaló que no se han realizado cambios sustantivos en el último año, solo hicieron correcciones de estilo y redacción.
La Ley de Comunicación Social es un instrumento de censura
Esta norma jurídica ha sido diseñada para silenciar las voces disidentes y controlar la narrativa pública en Cuba.
Uno de sus principios o ejes fundamentales, está dirigido a prohibir la divulgación en medios tradicionales y en el el ciberespacio, de información que pueda desestabilizar el "Estado socialista".
Solo los medios de comunicación vinculados al gobierno, el Partico Comunista de Cuba y las organizaciones de masas, tienen legalidad en el país. Este control estricto de la información contraviene los principios de libertad de prensa y expresión, esenciales en una sociedad democrática.
La Constitución en Cuba declara que los medios de comunicación son de propiedad socialista y no pueden ser de otro tipo. Esta disposición junto con la nueva ley, asegura que cualquier medio independiente que intente operar en el país será automáticamente ilegal.
Los activistas y periodistas independientes, que han sido blanco de programas como "Hacemos Cuba" y "Con Filo", ven en esta ley una herramienta más del gobierno para silenciar cualquier forma de crítica al Estado.
La ley también especifica que los contenidos no pueden ser usados para subvertir el orden constitucional ni para sustentar agresiones comunicacionales contra el gobierno. Las disposiciones son lo suficientemente vagas como para justificar la censura de cualquier contenido que el régimen considere inadecuado.
Permitir la publicidad comercial y el patrocinio en los medios de comunicación parece ser una apertura, pero está condicionada por la aprobación estatal, asegurando que los ingresos no provengan de fuentes que el gobierno considere subversivas.
La Ley de Comunicación Social de Cuba, aunque presentada como una modernización del marco regulatorio, es en realidad una herramienta más del régimen para mantener su control absoluto sobre la información y reprimir con mayor fuerza y rapidez cualquier voz disidente.
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