Éxodo de represores del régimen cubano: Fiscal del 11J pide visa para emigrar a EE.UU.

Tras haber formado parte de la maquinaria represora del régimen cubano que encarceló a más de mil manifestantes pacíficos del 11 de julio de 2021 (11J), una fiscal camagüeyana está solicitando visa para emigrar a Estados Unidos.

Se trata de Rosabel Roca Sampedro, quien fuera fiscal del Tribunal Municipal de Camagüey antes de emigrar a México con su hija, país desde el que está solicitando visa a través de la aplicación CBPOne para ingresar a EE.UU., según pudo conocer Martí Noticias.

A través de fuentes de Inmigración estadounidenses que pidieron no ser identificadas, dicho medio conoció el caso de Roca Sampedro, una fiscal que pidió prisión para manifestantes de las históricas protestas del 11J, y para otros opositores camagüeyanos.

De acuerdo con denuncias de activistas en redes sociales, la fiscal abandonó Cuba junto a su hija pequeña en una fecha que no se ha podido determinar. Según Martí Noticias, en este momento se encuentra esperando que las autoridades migratorias de Estados Unidos le concedan una cita para presentarse en la frontera y pedir asilo político.

Roca Sampedro, quien actualmente reside en México, borró un perfil en sus redes sociales donde supuestamente mostraba su cercanía con el régimen cubano. La organización no gubernamental Prisoners Defenders afirmó tener documentado el historial represivo de la funcionaria de la administración de Justicia del régimen cubano.

“La causa es la número 26 de 2022, del Expediente de Fase Preparatoria 31 del 2021, por Atentado y Desacato, instruida por la fiscal Rosabel Roca Sampedro. La tenemos en nuestros archivos. Debido al trabajo de esa fiscal fueron sentenciados cuatro inocentes desde 4 años y 4 meses de prisión a 3 años y 6 meses de cárcel”, dijo al citado medio Javier Larrondo, director de la ONG.

Especializada en documentar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, la organización aseguró que la fiscal era “conocida en el Tribunal Municipal de Camagüey”, entre otros, por las víctimas de la represión del 11J, así como por el opositor Bárbaro de Céspedes, el Patriota Cubano.

Hasta el momento, Prisoners Defenders señala a Roca Sampedro como la fiscal que envió a prisión a Lesyani Heredia Salazar (22 años al momento de su arresto), Adrián Quesada Flores (32), Yadisley Rodríguez Ramírez (34) y Geovanis Sépulveda Martínez (43). Todos ellos están considerados como presos políticos por la organización.

“Si la fiscal quiere redimir sus crímenes, dado que la prisión arbitraria es un crimen de lesa humanidad del que ella habría participado y cuyos autores serían la familia Castro, lo primero que debe hacer es convocar a los medios y contar absolutamente todo lo que ha hecho para el régimen, lo que obliga a hacer el régimen y la operativa del mismo”, dijo Larrondo. “Sus víctimas siguen en prisión. No puede redimirse de manera alguna sin al menos darlo todo por corregir en alguna medida el mal que ha hecho”, agregó.

Por su parte, Bárbaro de Céspedes, afirmó que Roca Sampedro fue la fiscal que le impuso un año y seis meses de prisión bajo las acusaciones de desobediencia e instigación a delinquir, por su participación en las protestas masivas del 11 de julio, y por una directa que hizo el activista en Facebook incitando al pueblo a salir a las calles.

“Esa señora fue muy déspota conmigo. No me dejó ni siquiera hablar. Cuando trataron de silenciarme en el juicio me defendí con la Constitución. Estuve preso un año y ocho meses por ella… Todo el tiempo demostró repudio hacia mi persona y lo que yo significaba. Me sería de mucha satisfacción que la deporten para este país. Ella no merece vivir en libertad", añadió.

Justicia 11J, otra organización dedicada a denunciar la represión y visibilizar a los presos políticos del 11J, también aportó una de las sentencias dictadas tras las protestas y confirmó que ella se encuentra entre las fiscales que juzgaron a los manifestantes. En el documento, aparece la firma de Rosabel Roca Sampedro.

Acorde a Martí Noticias, Roca Sampedro (42 años) tendría una hija viviendo en Houston, Texas, lugar al que presumiblemente iría a vivir si se le permite ingresar a Estados Unidos. Martí Noticias consiguió hablar brevemente con el contacto de la fiscal en Houston, Adrián Díaz, quien admitió que la conocía pero se negó a ofrecer más declaraciones.

Éxodo de represores del régimen cubano

El caso de Roca Sampedro vuelve a poner el foco en el goteo de funcionarios, dirigentes del régimen y sus familiares que emigran de la Isla en los últimos tiempos.

A finales de mayo se conocía el caso de la jueza villaclareña Melody González Pedraza, a quien las autoridades estadounidenses negaron la entrada al país tras llegar al Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, con un parole humanitario.

Según Martí Noticias, en el historial de González Pedraza figuraba la condena por "atentado" de cuatro jóvenes cubanos menores de 30 años que el 18 de noviembre de 2022 lanzaron cócteles molotov contra las casas de jefes de la Policía y funcionarios del régimen en el municipio de Encrucijada.

Tras el rechazo a concederle el parole humanitario, González Pedraza se vio obligada a pedir asilo político y se encuentra actualmente bajo custodia policial. La jueza, detenida en Broward, tiene previsto este 12 de junio una audiencia de asilo en la que se decidirá si es deportada a Cuba.

A comienzos de marzo, el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, aplaudió las muestras de adhesión escuchadas de boca de sus subordinados durante una reunión de los tribunales de Artemisa.

Con una balanza en la que pesa mucho más la salida de fiscales en activo que el ritmo de egresados, y la presión que ello conlleva en la administración de Justicia, el alto funcionario del régimen totalitario cubano resaltó las palabras escuchadas en el cónclave, referidas todas al compromiso de los juristas con la defensa de un orden jurídico-político que mantiene a más de mil presos políticos en las cárceles del país.

“Entusiasmados y dispuestos, así se manifestaron jueces y trabajadores de los tribunales de Artemisa en su reunión anual. ‘Unidad’, ‘vocación’, ‘sigo y seguiré aquí porque quiero y me gusta’, fueron las expresiones más escuchadas. ¡¡¡Qué bien!!!”, manifestó Remigio Ferro en sus redes sociales.

La crisis migratoria provocada por el desgobierno de la llamada “continuidad” de Miguel Díaz-Canel ha llevado a cientos de miles de cubanos a emprender un éxodo sin precedentes en la historia del país. Entre los profesionales que han abandonado su vida en Cuba, se encuentran también funcionarios y trabajadores de la administración de justicia.

Un reporte de la prensa oficialista señaló que los fiscales cubanos están abandonando la toga y analizó el caso de Ciego de Ávila, uno de los territorios en los que más se nota que disminuye la plantilla de juristas.

Entre 2022 y 2023 se produjo una salida significativa de fiscales en Ciego de Ávila, con 28 renuncias que superaron las 22 que se dieron en los cinco años anteriores. Esta situación ha llevado a que la Fiscalía Provincial opere con poco más de la mitad de la plantilla necesaria para sus 10 municipios.

Ante la dificultad de llenar las 93 plazas, actualmente ocupadas por 52 fiscales, se ha generado un debate en el estamento judicial del régimen cubano sobre posibles soluciones para paliar esta crisis.