Pasaportes que Uruguay otorga a cubanos con ciudadanía carecen de beneficios de libre visado

La normativa actual despoja a la diáspora cubana con ciudadanía legal uruguaya, de los derechos de movilidad que hoy gozan los ciudadanos naturales

Aeropuerto Carrasco de Uruguay © Aduanas, Gobierno de Uruguay
Aeropuerto Carrasco de Uruguay Foto © Aduanas, Gobierno de Uruguay

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Los más de 20.000 cubanos que habitan en la República Oriental del Uruguay y tienen posibilidad legal de ser candidatos a obtener la ciudadanía de ese país, recibirán un pasaporte qué, en la práctica, no los aleja mucho de su isla natal ya que a los efectos resulta ineficaz para obtener visas y viajar a cientos de países.

La constitución uruguaya en su artículo 73 distingue a los ciudadanos entre ¨legales y naturales¨, esta normativa limita los derechos de movilidad a los migrantes que acceden a la ciudadanía en el país. El principal obstáculo radica en la distinción expuesta en el pasaporte entregado a ciudadanos legales, donde queda plasmada la nacionalidad de origen, incluso en aquellos casos donde los migrantes son privados de esta por leyes que impiden la doble ciudadanía en sus países.


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La situación se agrava teniendo en cuenta la norma de la Organización de Aviación Civil del 2015, que estipula el requisito de una emisión electrónica de los pasaportes, por lo que la nacionalidad que consta en el registro electrónico para estos migrantes no es la uruguaya, sino la de sus países de origen.

La ONG Todos Somos uruguayos va más allá y entre sus reclamos incluye terminar con la imposibilidad de algunos migrantes con ciudadanía legal para viajar con seguridad, donde incluso si pueden sortear las barreras impuestas por el pasaporte, no se les proporciona protección diplomática y se les etiqueta como "extranjeros" durante el proceso de regreso a Uruguay.

La problemática fue elevada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien a inicios de marzo del 2024 citó al Estado Uruguayo para abordar el tema en el 189º Período Ordinario de Sesiones. Como conclusiones a la audiencia, Uruguay se comprometió a cumplir con sus obligaciones internacionales y manifestó su disposición a continuar el diálogo sobre el derecho a la nacionalidad y la ciudadanía legal. De forma más concreta, se anunció una reunión entre el Ministerio del Interior y el de Relaciones Exteriores para eliminar la referencia a la nacionalidad en los pasaportes.

Sin embargo, pocos días después de la audiencia, Alejandro y Luis, una pareja de cubanos con pasaporte uruguayo, vieron truncadas sus vacaciones luego que uno de ellos fuera impedido de abordar un vuelo a Colombia, destino libre de visado para ciudadanos uruguayos.

“Al pasar el pasaporte por el lector electrónico marcó mi nacionalidad de origen y no me permitieron abordar el vuelo. Intenté contactar al correo de Migración Colombia, pero no respondieron a tiempo impidiéndome viajar con mi pareja que sí pudo abordar al tener la ciudadanía española. Un día después recibí respuesta de oficiales migratorios colombianos donde me permitieron viajar de forma excepcional, pero ya mis vacaciones estaban incompletas y yo había pasado un mal rato¨

El caso de Alejandro y Luis no es aislado, Jorge Valdés, secretario y fundador de la ONG Cubanos Libres en Uruguay confirmó la enorme preocupación dentro de la comunidad cubana sobre esta normativa referente a la ciudadanía:

¨Hace mucho tiempo que Uruguay dejó de ser un país de tránsito para migrantes cubanos. Aunque el censo del 2023 fijó la cifra en unos 12.000, nosotros consideramos que el número real puede triplicar el registro oficial. La gran mayoría de los casos son familias que se integran de forma orgánica a la sociedad uruguaya y aspiran una vez cumplidos los requisitos a poder optar por la ciudadanía. La normativa actual despoja a la diáspora cubana con ciudadanía legal uruguaya de los derechos de movilidad que gozan los ciudadanos naturales, esto es mucho más serio teniendo en cuenta las limitaciones de visado que hoy tienen los pasaportes cubanos¨.

Desireé Pagliarini, diputada nacional por el Partido Colorado y una de las impulsoras de un proyecto de Ley que buscó modificar la referencia a nacionalidad de origen en el documento de viaje; confirmó que el problema es mucho mayor al tener rango constitucional:

¨Es un tema constitucional y por tanto la solución de fondo también es de esa jerarquía. Para entregar nacionalidad uruguaya a los ciudadanos legales, se debe hacer una reforma a la Carta Magna y la gente tendría que votar en un plebiscito. Hoy por hoy, no es un tema que esté en la agenda pública, ni siquiera en la campaña electoral. Sin embargo, el gobierno está poniendo toda la atención al tema migratorio para dar una solución práctica en relación a la emisión de pasaportes¨

Para los cubanos no es un problema menor; el pasaporte expedido en la isla se encuentra entre los más restringidos del planeta y el segundo peor valorado en América Latina, sólo por detrás de Haití, según el Global Passport Ranking de la firma británica Henley & Partners. Algo que contrasta con el Pasaporte uruguayo, que ocupa el puesto 22 entre los mejores valorados del mundo con 156 destinos libres de visados y el cuarto más poderoso de la región.

Por otra parte, Uruguay se ha convertido en uno de los destinos predilectos para los cubanos por las facilidades migratorias que ofrece y la cercanía a Guyana, país que exime a los isleños de trámites de visa. Solo en el último año de las 9.129 personas que solicitaron refugio en Uruguay 7.293 eran cubanos, según un informe al que tuvo acceso el medio local El Observador.

La llegada masiva de migrantes ha colapsado el sistema de refugio que hoy cuenta con más de 24 mil extranjeros cuyos casos están pendientes de una solución, la mayoría cubanos y venezolanos según ha reconocido el propio Ministerio de Exteriores del país oriental.

El Censo oficial llevado a cabo en Uruguay durante el 2023 reveló que, de no ser por la población extranjera, los habitantes totales estarían por debajo del registro fechado en el censo del 2011, de ahí la importancia de corregir una legislación que afecta al único segmento poblacional que crece en el país.

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