Esta semana se han reportado una serie de derrumbes en Cuba que han dejado un saldo trágico de víctimas, heridos y una creciente preocupación sobre la precariedad de las viviendas en la isla.
Estos incidentes reflejan no solo la vulnerabilidad de las estructuras habitacionales, sino también la ineficacia de las autoridades para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
El primer incidente significativo ocurrió el 19 de junio en La Habana Vieja, donde un derrumbe dejó al menos una persona herida.
Este evento subrayó la fragilidad de las edificaciones en una de las zonas más antiguas y densamente pobladas de la capital cubana. A pesar de los "esfuerzos por conservar el patrimonio histórico", la realidad es que la falta de mantenimiento y la sobrepoblación continúan siendo problemas críticos en este barrio.
La tragedia se vio exacerbada por otro derrumbe en El Vedado, una zona conocida por su valor cultural y turístico, donde tres personas resultaron heridas tras el colapso de un balcón en una cafetería.
En menos de 24 horas, el 21 de junio, se reportó uno de los incidentes más graves, una pared se desplomó, dejando un fallecido y dos lesionados en el municipio Cerro.
Un tercer caso se reportó ese día, un derrumbe parcial, en el municipio Playa. A los residentes del lugar les dio tiempo de salir antes de que tuvieran peores consecuencias.
El gobierno cubano ha intentado justificar estos derrumbes citando causas específicas, como la falta de mantenimiento adecuado y las condiciones meteorológicas adversas.
Sin embargo, estas explicaciones resultan insuficientes frente a la magnitud del problema. La realidad es que la infraestructura de la isla está en un estado alarmante de deterioro, un hecho que las autoridades no pueden seguir ignorando.
Esa misma noche, en medio de un apagón, una vivienda se derrumbó en Alacranes, Matanzas, agravando aún más la situación.
Estos eventos no son aislados, sino parte de un patrón recurrente que pone en evidencia la mala gestión del gobierno cubano en materia de vivienda.
La falta de inversión en la rehabilitación de edificaciones y la ineficiencia en la implementación de medidas preventivas han llevado a un estado de precariedad que cobra vidas y afecta a miles de familias.
Las autoridades deben asumir la responsabilidad de esta crisis y tomar acciones urgentes para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
No es suficiente con señalar las causas inmediatas de los derrumbes; es necesario abordar las raíces del problema con políticas sostenibles y un compromiso real con la seguridad de las viviendas.
Las vidas perdidas y las heridas sufridas en estos derrumbes son un recordatorio trágico de la necesidad de un cambio profundo en Cuba.
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