Fuerzas del ministerio del Interior (MININT) desarticularon en Guantánamo una red de corrupción administrativa que malversó millones de pesos pertenecientes a una empresa de la gastronomía local.
Un reporte del Noticiero de la Televisión Cubana (NTV) precisó que la investigación detectó la extracción ilícita de más de siete millones de pesos en productos destinados a la empresa municipal de Gastronomía de Guantánamo, los cuales nunca llegaron a su destino final.
El instructor penal Juan Martínez Martínez explicó que uno de los aspectos más complejos del caso era la cantidad de personas y empresas implicadas.
El oficial del MININT detalló que las conciliaciones entre las partes, un procedimiento estándar en la economía de las empresas, se realizaban con facturas fraudulentas. Estos documentos, obtenidos de los proveedores, se presentaban como válidos a la empresa de gastronomía, que pagaba por mercancías que nunca recibía.
Entre los productos desviados se encuentran ron, cerveza, pollo y salchichas, lo cual provocó la descapitalización completa de la empresa y su eventual extinción, afectando a todos sus trabajadores.
Los implicados, acusados de falsificación de controles y documentación primaria, están ahora sujetos a un proceso penal.
La malversación tiene un alto costo social, explicó al NTV la fiscal provincial, Yumara Souteran Padilla, indicando que este tipo de delito está penado por el Código Penal cubano con hasta 20 años de privación de libertad.
Las autoridades continúan investigando para determinar el alcance total de la red de corrupción y garantizar que se haga justicia en este caso que ha impactado significativamente la economía y la confianza en las instituciones locales.
Pleno del PCC centrado en el “enfrentamiento contra el delito, la corrupción y las ilegalidades”
Con el trasfondo de la celebración a comienzos de julio del VIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), en cuya agenda destacan la producción de alimentos y el control delictivo, la prensa oficialista cubana intensifica la cobertura a las labores del llamado “enfrentamiento contra el delito, la corrupción y las ilegalidades”.
A comienzos de abril, un cubano de 26 años fue condenado por el Tribunal Provincial de la provincia de Sancti Spíritus a 18 años de privación de libertad por el robo de una alta suma de dinero a la Empresa de Campismo Popular de ese territorio.
El daño fue valorado en un total de 7,968,669.50 pesos cubanos y se detectó por los continuos movimientos de dinero que se hacían entre las cuentas de la entidad. La denuncia fue realizada el pasado 24 de mayo de 2023, según el periódico oficialista Escambray.
El joven, quien no fue identificado, fungía como especialista B en Gestión Económica de la Dirección Contable y Financiera perteneciente a la Empresa de Campismo Popular Sancti Spíritus: la investigación determinó que transfirió efectivo a su cuenta personal hasta en cuatro ocasiones en un mes, desde septiembre del 2022 a mayo del 2023.
Tras la denuncia de la empresa, la policía apresó al joven en su casa en el municipio de Trinidad, y le incautaron los artículos adquiridos con el dinero robado.
El Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus sentenció al acusado a 18 años de privación de libertad, por ser autor de un delito de falsificación de documentos bancarios o de comercio de carácter continuado, como medio o fin para cometer una malversación.
Como sanciones accesorias, le decomisaron los equipos que fueron adquiridos con este dinero, incluyendo los que traspasaba a otras personas, como: televisor de pantalla plana (55 pulgadas), refrigerador, nevera, dos motorinas, entre otras.
“No se logra un enfrentamiento administrativo eficaz en fábricas, almacenes, donde nacen, en la mayoría de los casos, los problemas. Persisten las insatisfacciones de la población, lo que evidencia que aún es insuficiente el trabajo. Hay que intensificar las acciones, principalmente las preventivas”, subrayó a comienzos de junio el primer ministro Manuel Marrero Cruz, haciendo un llamado a analizar las “causas y condiciones” que favorecen las conductas delictivas en el país.
En fechas recientes, Marrero Cruz abogó en Cienfuegos por aplicar más "mano dura" contra el delito, la corrupción y las ilegalidades, en correspondencia con tiempos de "economía de guerra".
“Yo recibo opinión de la población. Dicen: ‘Oiga, usted dice que estamos en economía de guerra, pero las sanciones no están en correspondencia con esa economía de guerra’. Es una situación excepcional, donde los problemas principales que sufre el pueblo, el que cometa una acción de ese tipo, hay que aplicarle mayor rigor (sic)”, dijo el dirigente en un nuevo llamado al “enfrentamiento” y a dejar la “blandenguería”.
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