El gobierno cubano impondrá multas que podrían superar los 8,000 pesos a los negocios privados que incumplan el recién implantado tope de precios a seis productos básicos de alta demanda.
Este miércoles, solo dos días después de que entró en vigor la Resolución 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios que fijó los precios minoristas de venta al pollo troceado, los aceites comestibles (excepto el de oliva), la leche en polvo, las pastas alimenticias, las salchichas y el detergente en polvo, el régimen desplegó un operativo de control en todo el país para detectar violaciones de precios y sancionar a los infractores.
Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios, dijo en la emisión estelar del noticiero de la televisión oficial cubana que se realizaron 1,079 “acciones de control”, en las que se impusieron multas o advertencias a los responsables de 393 violaciones de precios.
Regueiro afirmó que se adoptaron medidas en todos los casos y llegaron a imponer multas “en el orden de los 8,000 pesos”.
Aunque aseguró que en algunos casos las sanciones fueron “a modo de apercibimiento, de acuerdo con la gravedad de las infracciones”, admitió que en la mayoría de las contravenciones se aplicaron las multas que están establecidas por el Decreto-Ley 30 de 2021.
Los montos de las sanciones pudieran ser incluso superiores a los 8,000 pesos, pues, a juicio del ministro cubano, esa suma podría resultar “baja” para algunos propietarios de negocios privados.
“Sabemos que hay un movimiento, una escala de ingresos en este sector que para algunos casos pudiera resultar, incluso, baja esta multa que estamos aplicando”, alegó el funcionario del régimen, que apeló a la normativa en vigor desde hace tres años para justificar las medidas punitivas, por lo que no se descarta que estas podrían ser superiores según la gravedad de las violaciones.
“Todo esto es con base legal, lo que se ha estudiado, se capacitado”, insistió.
Regueiro informó que en La Habana, donde “hay mayor dinamismo de todas las formas de gestión no estatal y de la comercialización de estos productos”, se realizaron 183 acciones de fiscalización, seis de ellas a partir de denuncias hechas por los ciudadanos, y se detectó un 75% de violaciones.
Precisó que en la capital fue cerrado un establecimiento, al que se le retiró de forma temporal la autorización para comercializar productos, hasta tanto regularice su situación de controles contables y de las condiciones de almacenamiento.
Ademas, los inspectores obligaron a realizar 12 “ventas forzosas”, es decir, que se vendieran los productos a los precios establecidos.
Según el ministro, se ha capacitado a los propietarios de entidades no estatales -trabajadores por cuenta propia; mipymes y cooperativas no agropecuarias- en materia de precios, pero advirtió que, a la par, “tenemos que generar esta percepción de que todo esto lleva un control y que con el compromiso que tenemos con la población, que es el sentido principal de esta medida, vamos a tener las actuaciones correspondientes”.
Al tiempo que fijó los precios máximos para la venta minorista de seis productos de primera necesidad, el gobierno cubano eliminó el pago del impuesto aduanero en las importaciones de estos, con el pretendido propósito de mitigar el impacto de la inflación en los consumidores.
Además, estableció un margen de ganancia de hasta un 30% sobre los costos y gastos, siempre que no se excedan los precios definidos en el anexo de la resolución.
La norma aprobada puntualiza que el establecimiento de estos precios máximos no implica ni justifica un aumento de los precios actuales si estos ya son inferiores.
A inicios de mes, el gobierno cubano anunció tener preparado un ejército de 7,000 inspectores para hacer cumplir el tope de precios.
Emprendedores y directivos de mipymes han manifestado su inconformidad con las políticas del gobierno para contener la inflación. “Si quieren que sigan entrando productos de primera necesidad, este no es el camino”, advirtió un emprendedor sobre la decisión de topar los precios de seis productos básicos comercializados por el sector privado.
En un análisis de las posibles consecuencias de la implementación de estas medidas, el reconocido economista cubano Pedro Monreal sostuvo que, “en vez de utilizar el mercado para flexibilizar ‘el plan’, entumecen el mercado con el plan”.
Monreal consideró que no se trata únicamente de que se insista en establecer “los poco efectivos ‘topes’ de precios, tradicionalmente aplicados a productos del agro, sino que se obliga a empresas privadas nacionales a adoptar el método soviético de formación de precios”.
Mientras, Food Monitor Program, programa de monitoreo y denuncia de la (in)seguridad alimentaria en Cuba, advirtió que la reciente medida adoptada por el gobierno para topar los precios de alimentos podría aumentar la escasez y el mercado negro en el país.
Los expertos expresaron su preocupación respecto a que esta medida “unilateral” afecte al sector privado, desincentive las inversiones, cree mayor desabastecimiento y amplifique el mercado negro.
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