Una diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) dijo, durante una de las sesiones de dicho órgano celebrado los pasados días en el Palacio de Convenciones de La Habana, que el embargo estadounidense sobre Cuba es la causa principal del éxodo migratorio que se vive en la Isla.
“La emigración ha existido siempre, es normal y es legítimo y válido que busquen y se decidan por un proyecto de vida fuera de su país”, dijo la diputada por el municipio pinareño de Mantua Yamila González Ferrer ante la mirada del gobernante Miguel Díaz-Canel y del presidente de la ANPP Esteban Lazo Hernández.
“Sin embargo, en nuestro caso…, debemos tener muy presente que la migración hacia el exterior y el incremento al que asistimos hoy es uno de los efectos más crueles e inhumanos del recrudecimiento del bloqueo que el gobierno de los Estados Unidos impone a nuestro pueblo”, señaló la diputada, ignorando la represión y las carencias económicas causadas por la política de su gobierno, más allá de las sanciones estadounidenses.
No obstante, González Ferrer prosiguió la lectura de su intervención mencionando las separaciones familiares y tratando de poner la causa en el exterior y no en las condiciones de vida en que se encuentra Cuba.
“Las familias cubanas son resilientes y se reinventan de muchas maneras para cortar las distancias y mantenerse unidas”, expresó con la tranquilidad de una persona que arguye un discurso coherente.
Al parecer, la diputada olvidó a conveniencia, que las remesas que provienen de la diáspora cubana juegan un papel crucial en la economía de la isla. Estas transferencias de dinero no solo sostienen a miles de familias, también constituyen una fuente de divisas para el régimen.
Y es importante señalar que aquellos que no las reciben representan la triste cifra de “7 de cada 10 cubanos han dejado de desayunar, almorzar o comer, debido a la falta de dinero o la escasez de alimentos”, dada a conocer recientemente en el VII Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba 2024, presentado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).
En el mencionado informe, la organización no gubernamental sobresaltó que "el 89% de las familias cubanas sufren pobreza extrema”, un punto porcentual más que el pasado año y un 13% más que en 2022.
En ese sentido, las palabras de la diputada se dan en el escenario en que el régimen aprobó, por unanimidad de su Parlamento, dos controversiales leyes, que han llenado de preocupación a los cubanos residentes en el exterior.
La Ley de Ciudadanía es una norma sin precedente legislativo en Cuba, que busca desarrollar los postulados constitucionales relacionados con la ciudadanía, reflejar los derechos de los ciudadanos, y reforzar el poder del Estado.
La otra es la Ley de Extranjería, que según los voceros del régimen complementa la legislación migratoria, regula la atención, protección y documentación de los extranjeros, equiparando sus derechos y deberes a los de los ciudadanos cubanos, y estableciendo los procedimientos para su expulsión del territorio nacional, en caso de ser necesario.
Un estudio demográfico independiente, al que tuvo acceso la agencia Efe, señaló que la población cubana se desplomó un 18 % entre 2022 y 2023 hasta situarse en los 8,62 millones de personas.
El cálculo se basa en las cifras de cubanos que han llegado a Estados Unidos entre octubre de 2021 y abril de 2024, que ascienden a 738,680 personas, según información oficial difundida por las autoridades estadounidenses que combinan visados, paroles y llegadas irregulares.
La citada fuente reveló que “de ahí se extrapola el número total de migrantes, teniendo en cuenta el porcentaje de cubanos que marchan a EE.UU. con respecto al total de personas que abandonan el país rumbo a cualquier destino, que para 2022 y 2023 el autor estima en un 33 % basándose en tendencias históricas”.
Esto arrojaría una cantidad total de migrantes para el período 2022-2023 de 1,79 millones de personas, una cifra sin precedentes en la historia cubana.
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