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La exjueza Melody González Pedraza, actualmente detenida en Florida tras llegar con un parole humanitario, presentó una denuncia ante la Relatoría Especial de la ONU sobre Independencia de los Magistrados y Abogados, alegando la "distorsión" del sistema judicial en Cuba.
La jurista, quien enfrentará su primera audiencia de asilo en Estados Unidos este 31 de julio, también solicitó protección al organismo internacional en caso de ser deportada a la isla, según informó un familiar cercano al medio independiente Diario de Cuba.
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González Pedraza argumentó en su denuncia que el sistema judicial cubano está controlado por decisiones políticas y agentes externos como el Partido Comunista, el Gobierno y la Seguridad del Estado.
La denuncia, presentada el 25 de julio, busca que la ONU investigue estas prácticas y detenga las interferencias que impiden el acceso del pueblo cubano a una verdadera justicia, como se demostró durante los juicios arbitrarios contra los manifestantes del 11 de julio de 2021.
A través de una carta dirigida a una alta funcionaria de la relatoría con sede en Ginebra, Suiza, también pidió protección por las posibles represalias del régimen cubano en caso de ser deportada a la isla.
La exjueza, quien se encuentra en el centro de detención Broward Transitional Center (BTC) en Pompano Beach, Florida, expresó que se siente "más tranquila y segura" a pesar de no contar con un abogado para su audiencia de asilo, donde podría recibir una orden de deportación.
"Confío en que mi voz sea escuchada y que no me entreguen a la muerte, al encarcelamiento probable y la situación más humillante", dijo en su petición de protección a la ONU.
González Pedraza también mencionó su deseo de exonerar a cuatro jóvenes cubanos que ella misma condenó sin pruebas suficientes y que tendrán un nuevo juicio el 9 de agosto.
El Tribunal Popular Provincial de Villa Clara admitió la apelación de la sentencia dictada contra Andy Gabriel González Fuentes, Adain Barreiro Pérez, Eddy Daniel Rodríguez Milián y Luis Ernesto Medina Pedraza, quienes fueron acusados de lanzar cócteles molotov en noviembre de 2022 contra propiedades de jefes de la policía y la Seguridad del Estado en Encrucijada, Villa Clara.
La magistrada, que presidía el Tribunal Municipal, confesó que condenó a los jóvenes pese a la existencia de pruebas exculpatorias por presiones de la Seguridad del Estado.
Las otras juezas que firmaron la sentencia fueron Marlenis Toriza Rivero y Ana Ivis Rodríguez Rodríguez.
González Pedraza llegó a Estados Unidos el 31 de mayo bajo el programa de Parole Humanitario, pero se le negó el ingreso al país al llegar al aeropuerto de Tampa por figurar en la lista de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC).
La denuncia de González Pedraza busca no solo protección para ella, sino también justicia para los jóvenes que sentenció y una reforma en el sistema judicial cubano.
Su familiar expresó confianza en las estructuras de la ONU y en el sistema de justicia de Estados Unidos para abordar el caso de la jueza.
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