Los opositores José Antonio Pompa López y Lázaro Mendoza García fueron enviados a prisión luego de permanecer durante meses arrestados en Villa Marista, cuartel general de la Seguridad del Estado en La Habana, acusados del delito de “propaganda contra el orden constitucional”.
La Fiscalía Provincial de La Habana impuso la medida cautelar de prisión provisional a ambos disidentes, informó Martí Noticias, a partir de testimonios de familiares de los detenidos.
“Mi esposo ya llevaba en Villa Marista tres meses y una semana, y él me llamó... que ahora estaba en el Combinado del Este”, denunció al portal de noticias Suarmi Hernández Vilar, esposa de Pompa.
Hernández señaló que con su esposo se encuentra preso Mendoza y que a ambos les están imputando el delito de “‘propaganda contra el orden constitucional’, por un video que salen ellos tirando proclamas y que nunca subió a las redes, solamente lo tenía ahí en la computadora”.
Pompa fue arrestado el 26 de abril, cerca de su casa en La Habana Vieja, y Mendoza, a mediados de junio, tras presentarse a una citación en Villa Marista.
Según Martí Noticias, ni la Policía ni las autoridades judiciales han entregado documento alguno a los acusados, hasta el momento.
El reporte agrega que también está en prisión provisional por la misma causa, Daniel Alfaro, quien fue detenido el pasado 13 de marzo.
Los tres activistas están bajo investigación penal por “otros delitos contra la seguridad del Estado”, que incluye el de “propaganda contra el orden constitucional”.
Por este delito, el Código Penal cubano, aprobado en mayo de 2022, condena a entre tres y 10 años de cárcel a quienes “inciten contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista reconocidos en la Constitución de la República, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma”. El cargo aplica también para los cubanos que “confeccionen, distribuyan o posean propaganda del carácter antemencionado”.
Familiares y amigos de los activistas dijeron a Martí Noticias que, durante la investigación que llevan a cabo, las autoridades buscan evidencias que prueben su filiación al movimiento Cuba Primero, radicado en Miami.
En enero de este año, Pompa colgó un cartel en el balcón de su casa, en protesta por ser despedido de su centro laboral a causa de su activismo político. El miembro de la independiente Coalición de Cuentapropistas Cubanos (C3) afirmó que lo echaron de la pizzería donde trabajaba por orden de la Seguridad del Estado.
El activista es el principal sustento de su familia, integrada por su esposa y dos hijos, un niño que entonces tenía ocho años y un bebé de dos meses.
En 2020, Pompa se encontraba encarcelado y fue uno de los siete presos políticos cuya liberación inmediata exigió el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas.
Por su parte, Mendoza, tras un primer interrogatorio de la Seguridad del Estado en junio, denunció a Martí Noticias: “Me quieren meter preso porque me enseñaron un video de gente tirando proclamas en Centro Habana y dicen que uno de los que se escucha es El Bambi (José Antonio Pompa) y el otro soy yo, por la voz. Yo lo negué, pero me dijeron que regresara mañana”.
Posteriormente, su hermana Yusel Mendoza García confirmó que había sido arrestado en Villa Marista acusado de “propaganda contra el orden constitucional”.
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