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Los abogados del expresidente Donald Trump han revelado su plan para demandar al Departamento de Justicia de Estados Unidos, alegando que el allanamiento realizado en 2022 en su residencia de Mar-a-Lago, Florida, fue un acto de persecución política. Durante la redada, agentes del FBI descubrieron documentos clasificados en ubicaciones no seguras dentro del complejo.
La operación, que formaba parte de una investigación del FBI sobre la supuesta retención indebida de documentos clasificados por parte de Trump, resultó en 37 cargos criminales contra el expresidente, de los cuales 31 estaban relacionados con la retención voluntaria de información de defensa nacional.
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Trump se declaró no culpable de todos los cargos, que fueron desestimados el mes pasado tras la decisión de la jueza Aileen Cannon, quien consideró que el fiscal especial Jack Smith había sido nombrado y financiado de manera ilegal.
Daniel Epstein, abogado de Trump, sostuvo en declaraciones a Fox Business que su cliente está defendiendo no solo su caso, sino también "los derechos de todos los estadounidenses que creen en el estado de derecho y en la responsabilidad del gobierno". Epstein argumentó que existen pruebas claras de que el FBI no siguió el protocolo adecuado y actuó con un propósito inadecuado.
En la demanda presentada, Epstein afirmó que las decisiones tomadas por el fiscal general Merrick Garland y el director del FBI Christopher Wray no se basaron en "políticas sociales, económicas o políticas", sino en una "clara intención de llevar a cabo persecución política, en lugar de promover buenas prácticas de aplicación de la ley".
El gobierno tiene un plazo de 180 días para responder a la notificación antes de que el caso pueda ser trasladado a un tribunal federal en el distrito sur de Florida. Los abogados de Trump buscan una compensación de $100 millones por los daños ocasionados.
El conflicto legal del expresidente Donald Trump inició de forma intensa con el allanamiento de su residencia en Mar-a-Lago, Florida, el 8 de agosto de 2022, donde el FBI incautó 11 conjuntos de documentos clasificados durante una investigación sobre el manejo indebido de documentos de la Casa Blanca. Esta operación fue acompañada de acusaciones de que Trump había impedido el retorno de documentación oficial. Posteriormente, el Departamento de Justicia hizo públicos documentos que clarificaban la justificación del operativo, revelando que algunos registros incluidos contenían información de defensa nacional sensible.
El cerco legal se intensificó cuando, el 9 de junio de 2023, Trump fue notificado formalmente de que enfrentaría cargos criminales en un tribunal federal por su manejo de documentos clasificados. Con el juicio programado para el 14 de agosto de 2023, la acusación incluye 37 delitos, de los cuales se le imputa la retención intencionada de documentos relacionados con la defensa de EE. UU. Tras especulaciones sobre el impacto de estos procesos en su campaña presidencial de 2024, la situación legal de Trump ha sido objeto de debate, con alegaciones de que se trata de una persecución política.
En julio de 2024, la jueza Aileen Cannon desestimó los cargos en su contra en Florida, señalando irregularidades en la designación de la fiscalía del caso. Este fallo se produjo a menos de un mes del próximo juicio del exmandatario, proyectando así un cambio en su situación legal, aunque aún enfrenta otras demandas, incluyendo problemas relacionados con su organización y el manejo de fondos. A pesar de los reveses, Trump continúa siendo una figura clave en la política estadounidense, liderando en las encuestas como candidato republicano para las próximas elecciones presidenciales.
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