Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) advirtió que los migrantes ingresados en el territorio procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela bajo el programa de parole humanitario tendrán un plazo de solo dos años para regularizar su estatus migratorio o de lo contrario serán deportados.
En declaraciones recogidas por Univision se detalla que “cualquier concesión discrecional de libertad condicional será por un período temporal de hasta dos años” y que “aquellos a quienes no se les conceda asilo u otros beneficios de inmigración, deberán abandonar Estados Unidos al vencimiento de su período autorizado de libertad condicional o, generalmente, serán colocados en procedimientos de deportación después de que expire el período de libertad condicional”.
Durante este período los beneficiarios deberán acogerse a otros programas legales disponibles si desean permanecer en el país más allá de ese tiempo.
Aquellos migrantes que no logren obtener asilo o cualquier otro beneficio migratorio deberán abandonar Estados Unidos al término de su autorización de libertad condicional, de acuerdo con las regulaciones del DHS.
Qué pasa con los patrocinadores
En cuanto a la figura de los patrocinadores y su responsabilidad ante el gobierno al asumir el compromiso de hacerse cargo de los costos de permanencia del extranjero, Ezequiel Hernández, un abogado que ejerce en Phoenix, Arizona, explicó en declaraciones al citado medio que “ellos tienen responsabilidad legal de asumir los gastos en que incurra el inmigrante, que no se convierta en una carga publica para Estados Unidos y eso incluye desde alojamiento, alimentación, cuidado médico, su transporte y su bienestar”.
En caso de exceder el tiempo de permanencia y no haber ajustado el estatus de esa persona, les afectará, pero no tienen responsabilidad legal si la persona, por ejemplo, comete un crimen.
En caso el gobierno inicie un proceso de deportación, impactará directamente en el inmigrante, puede que el DHS se contacte con el patrocinador para averiguar el paradero del beneficiario del ‘parole humanitario’, pero no irá a la cárcel por ello.
El último informe de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) indica que hasta agosto bajo el parole humanitario habían entrado al país más de 110,000 cubanos; 210,000 haitianos; casi 93,000 nicaragüenses y casi 117,000 venezolanos.
Este programa, que fue ampliado en 2023 para incluir a ciudadanos de los países mencionados, se implementó inicialmente en octubre de 2022 con la intención de gestionar la creciente presión en la frontera entre Estados Unidos y México, especialmente por parte de migrantes venezolanos que huían de la crisis en su país debido a la dictadura de Nicolás Maduro.
La ampliación del programa responde a la necesidad de regular los flujos migratorios y garantizar una entrada más controlada y organizada.
Para ser elegibles al parole humanitario los migrantes deben contar con un patrocinador económico en Estados Unidos que cumpla con ciertos requisitos. Además deben pasar por controles biométricos y biográficos para verificar su identidad y antecedentes.
Este permiso no otorga la residencia permanente ni constituye una vía directa hacia la ciudadanía estadounidense. No obstante, permite a los beneficiarios trabajar legalmente durante su estancia en el país.
El objetivo de estas medidas es proporcionar una alternativa temporal a aquellos migrantes que huyen de condiciones difíciles en sus países de origen, ofreciéndoles la posibilidad de permanecer en Estados Unidos durante un tiempo limitado mientras exploran opciones legales para establecerse de forma permanente.
Sin embargo, aquellos que no logren cambiar su estatus migratorio dentro del plazo establecido deberán enfrentar el riesgo de deportación.
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