Gobierno cubano limita construcción de viviendas en tierras entregadas en usufructo

La medida llega tras la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo que comenzó en 2008 con el propósito de aumentar la producción agrícola. Los agricultores afectados deberán someter sus construcciones a un proceso de revisión y posible legalización. Eventualmente podrían ser demolidas.

Manuel Marrero acompañado de autoridades y vivienda campesina Foto © X / @MMarreroCruz - flickr / lezumbalaberenjena

El gobierno cubano estableció nuevas restricciones en la construcción de viviendas en tierras entregadas en usufructo, en un esfuerzo por abordar lo que describe como "irregularidades en las construcciones en tierras agropecuarias".

Según el Decreto 105 del Consejo de Ministros, publicado en la Gaceta Oficial número 92 del 23 de septiembre, las modificaciones afectan principalmente a los agricultores que recibieron parcelas de tierra en usufructo y que habían construido viviendas o realizado mejoras constructivas.

El nuevo decreto modifica el Decreto 350, que regula el Decreto-ley 358 sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo.

A partir de ahora, no se permitirá la construcción de viviendas en varias categorías de tierras, entre las que se incluyen aquellas situadas dentro de los perímetros urbanos, tierras previstas para planes de ordenamiento territorial y urbano, tierras destinadas al autoabastecimiento familiar y aquellas donde existan consideraciones medioambientales, de defensa o seguridad nacional.

Las restricciones también afectan a las construcciones en terrenos destinados al desarrollo agropecuario o forestal y a otros proyectos de ejecución futura. Según las autoridades del régimen cubano, las medidas se implementan con el objetivo de reordenar las tierras en beneficio del desarrollo planificado y proteger las áreas destinadas a la producción agrícola.

Legalización de Construcciones Existentes

No obstante, la norma prevé la posibilidad de legalizar construcciones realizadas entre 2008 y 2023, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la legislación vigente y se encuentren en función de la producción agropecuaria y forestal. Sin embargo, quedan excluidas aquellas construcciones situadas en áreas restringidas por razones medioambientales, de defensa y seguridad.

Según el Ministerio de la Agricultura (MINAG), estas modificaciones son necesarias debido a que el control ejercido sobre las tierras en usufructo reveló numerosas construcciones realizadas sin cumplir con las formalidades legales.

La nueva regulación buscaría entonces restablecer la legalidad en estas áreas y evitar que se consoliden edificaciones que no se ajusten a los requisitos de uso del suelo.

Impacto en los Agricultores y la Producción

La medida llega tras la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo que comenzó en 2008 con el propósito de aumentar la producción agrícola en Cuba, en medio de una creciente ineficacia de la explotación estatal.

Muchos agricultores que obtuvieron parcelas han construido viviendas y otras edificaciones necesarias para proteger sus cultivos y animales, o para residir cerca de sus tierras debido a la escasez de transporte y la necesidad de vigilancia.

Los agricultores afectados deberán someter sus construcciones a un proceso de revisión y posible legalización por parte de las direcciones municipales de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. En caso de no cumplir con los requisitos, las edificaciones serán incluidas en el "Programa integral de enfrentamiento a las ilegalidades en las construcciones", y eventualmente podrían ser demolidas.

Plazo de Implementación

El proceso de reordenamiento y legalización se desarrollará en un plazo de cinco años a partir de la entrada en vigor del decreto, el 23 de septiembre de 2024. Durante este periodo, las autoridades locales deberán realizar un levantamiento de todas las construcciones existentes en tierras de usufructo y evaluar su conformidad con las normativas vigentes.

Esta medida del gobierno cubano busca reordenar el uso de las tierras estatales y garantizar que las construcciones se realicen dentro del marco legal establecido. Sin embargo, representa un desafío significativo para los agricultores, quienes deberán ajustarse a las nuevas normativas mientras intentan mantener y proteger sus producciones agrícolas en un entorno cada vez más restrictivo.

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