El gobierno de Canadá, bajo la dirección del primer ministro Justin Trudeau, ha anunciado un cambio importante en su política de inmigración con la reducción de la admisión de nuevos residentes permanentes. En 2025, el país planea recibir 395,000 inmigrantes, una disminución del 21% en comparación con los cerca de 500,000 que se habían autorizado hasta ahora. Esta decisión busca "frenar el crecimiento demográfico", permitiendo a las provincias mejorar sus servicios de salud y programas de vivienda, según declaró Trudeau.
Desde la pandemia, Canadá incrementó los objetivos de inmigración para compensar la escasez de mano de obra, pero, según Trudeau, "no se alcanzó el equilibrio adecuado". Además, el apoyo a la política migratoria abierta ha disminuido, con encuestas que reflejan una creciente inquietud entre los canadienses sobre el impacto de la inmigración en la vivienda y servicios sociales.
Como parte del plan, el ministro de Inmigración, Marc Miller, confirmó una meta de 365,000 nuevos residentes permanentes para 2027. Esta medida se suma a las restricciones previamente anunciadas para la admisión de trabajadores temporales y estudiantes internacionales, que ahora están sujetos a límites más estrictos. El objetivo es asegurar que los empleos disponibles sean ocupados primero por ciudadanos canadienses o residentes permanentes, priorizando sectores como la construcción y la salud, que aún enfrentan escasez de personal.
Aunque la inmigración ha sido clave en el crecimiento de Canadá, convirtiéndolo en uno de los países más multiculturales del mundo, esta decisión marca un giro respecto a décadas de políticas de inmigración abiertas. Los precios de las viviendas, que rondan los 700,000 dólares canadienses, y el aumento de los alquileres en un 22% en dos años, han llevado a muchos canadienses a cuestionar la sostenibilidad de altos niveles de inmigración.
La reducción también ha generado críticas de grupos de derechos de inmigrantes, quienes argumentan que la crisis en vivienda y empleo se debe más a problemas estructurales y décadas de infra financiamiento de servicios públicos que a la presencia de extranjeros. Estos grupos afirman que los inmigrantes no son responsables de la falta de acceso a servicios como salud y educación, y piden a Trudeau que reconsidere el enfoque restrictivo.
El cambio en las políticas migratorias también afecta a las instituciones de educación superior, que temen una reducción de ingresos por la limitación en el número de estudiantes extranjeros, un grupo que alcanzó los 800,000 en 2022. La decisión podría llevar a muchos estudiantes internacionales a elegir otros destinos educativos si Canadá no flexibiliza su postura.
Este ajuste refleja el esfuerzo del gobierno canadiense por responder a las crecientes preocupaciones de sus ciudadanos y buscar un equilibrio en su sistema de inmigración, un pilar que, según Trudeau, ha sido “flexible y responsable” pero que ahora se somete a una revisión profunda para adaptarse a los tiempos actuales.
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