Por trigésima segunda ocasión, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) votó a favor de una resolución que exige el fin del embargo estadounidense contra Cuba, una política a la que el régimen de La Habana achaca los crecientes problemas de la isla.
Con 187 sufragios a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y la abstención de la República de Moldova, la mayoría de los países miembros reiteraron su apoyo a la resolución impulsada por el régimen comunista.
Como era de esperar, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla celebró la decisión en la red social X, al destacar que el mundo nuevamente se opone al "bloqueo".
El diario oficialista Granma igualmente festejó el logro, una práctica habitual (y obligada) de los medios estatales en la mayor de las Antillas.
La abstención de Moldavia resultó un detalle llamativo, al tiempo que Ucrania, que también en los últimos años prefirió quedarse al margen, no fue reflejado en la pantalla informativa en la sesión de la ONU, que recibe cada año este proyecto de resolución contra el embargo desde 1992.
El pasado mes de septiembre, el presidente Joe Biden firmó la extensión hasta 2025 del embargo económico de Estados Unidos a Cuba, una medida que se enmarca en una práctica habitual de administraciones tanto republicanas como demócratas desde hace más de seis décadas.
La Casa Blanca publicó un memorando oficial el 13 de septiembre, un día antes de que expirara la vigencia de la ley, en el que señala que "El ejercicio de ciertas autoridades bajo la Ley de Comercio con el Enemigo está programado para expirar el 14 de septiembre de 2024. Por la presente, determino que la continuación del ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba durante 1 año es de interés nacional de Estados Unidos".
"Por lo tanto, de acuerdo con la autoridad que me confiere la sección 101(b) de la Ley Pública 95-223, continúo por 1 año, hasta el 14 de septiembre de 2025, el ejercicio de esas autoridades con respecto a Cuba, tal como se implementa mediante las Regulaciones de Control de Activos Cubanos, 31 CFR parte 515", consta en el documento firmado por Biden y enviado al Secretario del Tesoro.
Con esta renovación, el régimen cubano deberá esperar hasta el 14 de septiembre de 2025 para conocer si habrá cambios en la aplicación de estas políticas, las cuales han sido rechazadas de manera reiterada por el gobierno de la isla durante décadas, sin que hasta ahora se haya concedido modificación alguna a las mismas.
El embargo, que comenzó a implementarse de forma parcial en octubre de 1960 en respuesta a la nacionalización de empresas estadounidenses en Cuba, se amplió a su forma total en febrero de 1962.
Desde entonces, su renovación ha sido un trámite formal llevado a cabo anualmente por 13 administraciones estadounidenses.
La extensión del embargo sigue generando controversia tanto en Cuba como en la comunidad internacional, donde muchos argumentan que esta política ha exacerbado las dificultades económicas que enfrenta la población de la isla; mientras que el régimen la ha utilizado para justificar su incapacidad e ineficiencia.
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