La escritora Adriana Normand denunció que se encuentra prohibida de salir de Cuba (en términos oficiales se le conoce como “regulada”) debido a un supuesto “interés público” determinado arbitrariamente por las autoridades de la Isla.
Normand hizo la denuncia a través de las redes sociales, luego de haberse dirigido a una oficina del Ministerio del Interior, donde se encargan de la expedición de los pasaportes.
"En el día de hoy en una oficina encargada de la expedición de pasaportes se me ha negado el trámite para la confección del mismo. Estoy regulada por interés público", escribió en su perfil de Facebook.
En los últimos años la categoría de “regulados” se ha empleado de forma recurrente para bloquear la salida de Cuba a activistas y periodistas críticos con el Gobierno cubano, con el objetivo de que no puedan dar a conocer en el exterior su versión de la vida política y civil en la Isla.
Varios son los casos denunciados en los cuales las autoridades de inmigración cubanas niegan la salida del país sin darles a los afectados ninguna explicación convincente de las razones para esa determinación.
En el caso de Normand la prohibición estuvo sucedida por la renuncia pública que tuvo que hacer en octubre pasado a sus colaboraciones en medios independientes cubanos, específicamente a elTOQUE y a Rialta.
En medio de amenazas, decomisos y extorsiones, la Seguridad del Estado ha intensificado su hostigamiento con el objetivo de desarticular iniciativas críticas al régimen, utilizando tácticas de tortura psicológica y coerción para forzar renuncias y obtener "confesiones" en contra de sus objetivos.
En esta ofensiva, colaboradores de medios como elTOQUE, CubaNet y Periodismo de Barrio han sido citados, interrogados y coaccionados para renunciar a sus labores, bajo la acusación de "mercenarismo", una figura penal utilizada recurrentemente por el régimen cubano para criminalizar la labor de los periodistas independientes.
Este delito, establecido en el artículo 143 del Código Penal cubano, prevé penas de entre cuatro y diez años de cárcel para aquellos que reciban fondos externos con supuestos fines "subversivos".
Sin embargo, la realidad detrás de estas acusaciones es la constante estrategia del gobierno para controlar el flujo de información y reprimir cualquier voz que se oponga a la narrativa oficial.
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