En otra suma de discursos que evidencian la política represiva existente en Cuba, la fiscal jefa del Tribunal Popular en La Habana, Lisnay Mederos Torres, ha emitido declaraciones que reafirman la postura del gobierno cubano hacia la represión de cualquier conducta que, según su perspectiva, transgreda el orden establecido.
En palabras que encontraron eco en el medio de divulgación oficialista Canal Habana, la fiscal resaltó que la ciudadanía cubana es "disciplinada y vencedora de dificultades", pero enfatizó que las autoridades actuarán "con todo rigor y severidad" para controlar cualquier comportamiento considerado transgresor.
Mederos Torres destacó la importancia del respeto a la autoridad, señalando que este respeto debe abarcar a todos los funcionarios públicos, agentes auxiliares y cualquier figura de autoridad que esté actuando bajo el mandato del Consejo de Defensa.
“Este es un momento en que nosotros tenemos derechos, pero los derechos no pueden extralimitarse. Y sí tenemos todos que cumplir con los deberes que nos tocan como ciudadanos”, fue una de las amenazas que más llamó la atención en las declaraciones de la fiscal provincial habanera.
De igual manera, Mederos Torres hizo referencia a los delitos de atentado, hurtos, robos y daños a la infraestructura económica esencial, como el sistema eléctrico y la telefonía pública. Subrayó la gravedad de estos delitos en el contexto actual, especialmente cuando se afectan "bienes de especial importancia para la economía del país".
El Código Penal cubano, en su artículo 79, agrava las sanciones en circunstancias como estas, lo que implica mayores penas para quienes cometan estos delitos en momentos de crisis, dijo.
En los últimos días, diversos reportes internacionales han denunciado enjuiciamientos arbitrarios y detenciones de ciudadanos que expresan su inconformidad en espacios públicos o redes sociales, mostrando el uso del sistema judicial como una herramienta para consolidar el control del Estado y reprimir cualquier intento de cuestionamiento público.
La represión de manifestaciones y la censura de opiniones disidentes han generado una creciente preocupación sobre la falta de libertades civiles en el país, especialmente en un momento donde el descontento social parece ir en aumento.
Desde las protestas del 11 de julio de 2021, el gobierno cubano ha soportado su respuesta represiva frente a la disidencia, utilizando amenazas legales y la criminalización de actos contestatarios como herramientas para disuadir el descontento social. En esa ocasión, el Ministerio del Interior detectó delitos como gritar "Patria y Vida", un lema que se había vuelto símbolo de la resistencia.
Asimismo, la Fiscalía General de la República emitió advertencias en octubre de 2021 sobre posibles sanciones penales para quienes participaran en manifestaciones, lo que evidencia un esfuerzo por neutralizar el activismo y desalentar cualquier tipo de manifestación pública en contra del régimen.
En octubre de 2022, la Fiscalía cubana reiteró sus amenazas, esta vez dirigidas específicamente a quienes fueron filmados o captados en video durante las protestas ocurridas tras varias jornadas sin agua ni electricidad.
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