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El gobernante nicaragüense Daniel Ortega pretende impulsar una reforma constitucional que consolidará el poder absoluto de su familia en el país. La iniciativa propone crear las figuras de "copresidente" y "copresidenta", designando a su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo, en un rol compartido en la jefatura del Estado.
Con esta reforma, Ortega y Murillo no solo reforzarían su control sobre el Ejecutivo, sino que además coordinarían de manera oficial los poderes Legislativo, Judicial y Electoral, eliminando cualquier independencia entre ellos.
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El proyecto, que modifica más de 100 artículos de la Constitución, también amplía el periodo presidencial de cinco a seis años y establece que los copresidentes, elegidos por sufragio universal, tendrán inmunidad durante su mandato.
Asimismo, según BBC, el texto legaliza la creación de los llamados "policías voluntarios", grupos paramilitares acusados de violaciones a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales de 2018.
Además, la reforma introduce nuevas restricciones a la libertad de expresión, limitándola a cuando "no transgreda los principios de seguridad, paz y bienestar" definidos por la Constitución. Incluso oficializa como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), colocándola al mismo nivel que los emblemas nacionales.
Con una Asamblea Nacional dominada por el oficialismo, la aprobación de la reforma es inminente. El presidente de la Cámara, Gustavo Porras, confirmó que se tramitará con carácter urgente y podría ser aprobada en los próximos días.
La respuesta de la oposición y la comunidad internacional
La oposición, mayoritariamente exiliada tras la represión gubernamental, condenó enérgicamente la reforma.
Félix Maradiaga, figura destacada de la disidencia, calificó la medida como "la formalización en papel de la dictadura bicéfala que ya existe en Nicaragua". Por su parte, Juan Sebastián Chamorro señaló que la reforma elimina cualquier separación de poderes y consolida un régimen autoritario liderado por Ortega y Murillo.
La Organización de Estados Americanos (OEA) también rechazó la iniciativa, calificándola como una "aberración que institucionaliza una dictadura matrimonial". En un comunicado, la OEA instó al gobierno nicaragüense a restablecer la democracia y celebrar elecciones libres y legítimas.
Un tándem político sin precedentes
La figura de Rosario Murillo, conocida por su estilo excéntrico y su inclinación al esoterismo, ha ganado protagonismo en las decisiones gubernamentales desde que asumió como vicepresidenta en 2017.
Según analistas, Murillo ejerce de facto como copresidenta, tomando decisiones estratégicas y ejecutivas en el gobierno.
Con esta reforma, su rol quedaría oficializado, estableciendo un liderazgo conjunto que algunos críticos han comparado con un modelo de "rey y reina" que atenta contra los principios republicanos, según El País.
La reforma constitucional marca un punto de no retorno en la concentración de poder en Nicaragua. Al eliminar las barreras entre los poderes del Estado, Ortega y Murillo refuerzan su control sobre todas las instituciones, garantizando su permanencia en el poder y debilitando cualquier forma de oposición interna.
Mientras tanto, a excepción de Cuba, Venezuela y otros aliados como Rusia e Irán, la comunidad internacional sigue denunciando el retroceso democrático en Nicaragua, donde la represión, el exilio forzado de opositores y la censura a medios de comunicación independientes se han convertido en una constante.
La reforma no solo reafirma este autoritarismo, sino que pretende legitimarlo a nivel constitucional, profundizando la crisis política, social y económica que enfrenta el país.
El futuro del régimen nicaragüense, bajo el mando de Ortega y Murillo, parece estar definido por un sistema de partido único y la represión sistemática de cualquier disidencia, consolidando una dinastía familiar que amenaza con perpetuarse en el poder.
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