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Cuando Fidel Castro promulgó la Primera Ley de Reforma Urbana en Cuba en 1960, el gobierno revolucionario la presentó como un acto heroico. La medida redujo los alquileres en un 50 % de un plumazo, alegando que se trataba de justicia social para las familias trabajadoras.
Sin embargo, lo que inicialmente pareció una victoria para los inquilinos, acabó siendo el comienzo de una tragedia habitacional que aún persiste.
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En España, algunos movimientos y sindicatos de inquilinos están exigiendo una reducción del 50 % en los alquileres, y cabe preguntarse: ¿Cómo es posible que, con el precedente de Cuba tan claro, todavía se considere viable esta solución populista?
En Cuba, la Primera Ley de Reforma Urbana no solo redujo los alquileres a la mitad, sino que también marcó el inicio de un proceso masivo de expropiación.
Las propiedades inmobiliarias fueron arrebatadas a sus dueños legítimos y transferidas al control del Estado.
Este acto, presentado como un golpe contra los “especuladores” y los “ricos explotadores”, despojó a miles de familias de su patrimonio y eliminó de facto el mercado inmobiliario.
Sin posibilidad de vender o adquirir viviendas legalmente, la economía habitacional de Cuba quedó paralizada.
Las viviendas expropiadas, que antes generaban ingresos para sus propietarios y albergaban a familias en condiciones decentes, pasaron a un sistema de asignación estatal que rápidamente se volvió ineficiente y corrupto.
Los propietarios originales fueron relegados al olvido y los nuevos ocupantes, en su mayoría inquilinos, quedaron atrapados en un ciclo de deterioro: Sin incentivos ni recursos para el mantenimiento, las casas y edificios comenzaron, literalmente, a desmoronarse.
Con un Estado incapaz de suplir la demanda y sin un mercado que incentivara nuevas construcciones, el país quedó sumido en una crisis habitacional crónica, reflejo del fracaso de las políticas de expropiación y control absoluto por parte del gobierno.
Cuba: Un desastre habitacional
La medida de Fidel Castro tuvo efectos devastadores a largo plazo.
La reducción de los alquileres eliminó el incentivo de los propietarios para mantener, reparar o invertir en propiedades.
Con el tiempo, el parque habitacional cubano se deterioró de forma alarmante. Hoy, más del 39% de las viviendas en Cuba están en mal estado o en peligro de derrumbe, y millones de cubanos viven hacinados, compartiendo pequeños espacios con hasta cuatro generaciones bajo un mismo techo.
Peor aún, la política de expropiación y control estatal paralizó el desarrollo de nuevas viviendas.
Con un mercado inmobiliario inexistente y un gobierno incapaz de suplir la demanda, la crisis habitacional en Cuba se convirtió en un símbolo del fracaso del modelo económico centralizado.
La idea de "justicia social" terminó condenando a los cubanos a décadas de precariedad y desesperanza habitacional.
España: ¿Un déjà vu ideológico?
En España, sindicatos como el de Inquilinos de Cataluña exigen una reducción del 50% en los precios del alquiler, con el argumento de que los precios actuales son insostenibles. Si bien es cierto que el mercado inmobiliario en España enfrenta serios desafíos, imponer una medida tan drástica corre el riesgo de replicar los mismos errores de Cuba.
Uno de los principales problemas es la escasez de vivienda disponible, agravada por complejas trabas burocráticas e impuestos que retrasan o encarecen la construcción. Esto se combina con una alarmante falta de suelo urbanizado disponible para nuevos desarrollos, lo que limita la capacidad de aumentar la oferta de viviendas a un ritmo que satisfaga la demanda creciente en las grandes ciudades y áreas metropolitanas.
La ausencia de un parque sólido de vivienda pública es otro factor clave que presiona el mercado. Durante décadas, España ha invertido escasamente en vivienda social, dejando a los sectores más vulnerables a merced del mercado privado. A diferencia de otros países europeos con mayores reservas de vivienda pública, el Estado español no puede ofrecer una alternativa sólida para las familias afectadas por los altos precios del alquiler.
Por otro lado, la inseguridad jurídica que enfrentan los arrendadores contribuye a agravar la crisis. Muchos propietarios prefieren retirar sus viviendas del mercado de alquiler residencial, preocupados por problemas como impagos, largos procesos legales para desalojos, y el riesgo de ocupaciones ilegales. En lugar de enfrentar estas incertidumbres, optan por convertir sus propiedades en alojamientos turísticos o mantenerlas vacías, lo que reduce aún más la oferta disponible para alquiler residencial.
Imponer una medida como la reducción forzada, por decreto, de alquileres sin abordar estos problemas de raíz solo exacerbará la situación. Al igual que en el caso cubano, desincentivar la inversión privada en el mercado inmobiliario y no ofrecer alternativas viables mediante políticas públicas integrales podría generar un círculo vicioso: menor oferta, mayor especulación y un parque habitacional cada vez más deteriorado. En lugar de aplicar soluciones simplistas, España necesita un enfoque equilibrado que incentive la construcción, proteja a los propietarios e inquilinos, y fomente la creación de un parque de vivienda pública sólido.
Si el gobierno interviene de forma tan agresiva, los inversores buscarán mercados más estables, lo que agravará la crisis de oferta y aumentará los problemas de acceso a la vivienda.
¿El resultado? Una escalada en el deterioro del parque habitacional, un mercado más restringido y una mayor especulación.
El precio del populismo
El caso de Cuba demuestra que medidas populistas que no atacan las raíces estructurales del problema habitacional son una receta para el desastre. Imitar las políticas de Fidel Castro bajo el pretexto de justicia social es ignorar los costos colaterales de tales decisiones.
Lo que podría parecer una solución inmediata para aliviar la carga de los alquileres, solo profundizaría la crisis habitacional a largo plazo.
España, una economía de mercado, no puede permitirse seguir el camino de un modelo fracasado como el cubano.
En lugar de repetir errores históricos, España debe encontrar soluciones sostenibles que fomenten el desarrollo del mercado inmobiliario, protejan a los inquilinos vulnerables y garanticen el acceso a una vivienda digna.
En el populismo habitacional, como en la historia, las soluciones fáciles casi siempre son las más costosas.
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