El gobierno cubano advirtió que los apagones de hasta 72 horas serán parte de su nueva estrategia de contingencia eléctrica, según el Decreto-Ley recién aprobado.
La medida busca justificar la incapacidad del sistema energético para sostener la demanda, y evidencia el deterioro alarmante de la infraestructura nacional en pleno siglo XXI.
El decreto, presentado como una respuesta a la crisis energética que afecta al país, permitirá planificar apagones prolongados con la supuesta intención de preservar el equilibrio del sistema eléctrico.
Sin embargo, para muchos cubanos, esta decisión no es más que otro recordatorio del colapso institucional que asfixia a la nación.
La aprobación de este marco legal llega en un momento en el que la población enfrenta un escenario crítico de escasez de alimentos, agua potable, medicamentos y malos servicios básicos.
Los apagones, que antes se veían como una consecuencia temporal de la crisis, ahora se institucionalizan como una política estatal, afectando gravemente la vida diaria y las actividades económicas.
Expertos en energía han señalado que el colapso del sistema eléctrico no es consecuencia únicamente de factores externos, como la falta de combustibles, sino también de años sin inversión en esta rama, de corrupción y negligencia en el mantenimiento de la infraestructura.
Mientras tanto, el gobierno asegura que las medidas son temporales y necesarias para “garantizar la estabilidad del país”.
En redes sociales, las críticas no se han hecho esperar. Cubanos dentro y fuera de la isla cuestionan la legitimidad de un gobierno que, lejos de buscar soluciones estructurales, impone sacrificios desmesurados a una población que ya vive al límite. El apagón no es solo eléctrico, es también moral y social.
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