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La represión del régimen cubano contra los manifestantes del 11 de julio de 2021 (11J) no solo se ha traducido en encarcelamientos masivos, sino también en un saldo trágico que incluye la muerte de al menos cuatro presos políticos bajo custodia. Estos casos reflejan las condiciones infrahumanas de las prisiones cubanas, la negligencia médica y el abuso sistemático hacia quienes se atrevieron a exigir libertad en un país donde la disidencia es castigada brutalmente.
Historias truncadas por la represión
Manuel de Jesús Guillén Esplugas: Activista de 29 años que murió el 30 de noviembre de 2024 en la prisión Combinado del Este, en La Habana. Guillén cumplía una condena de seis años cuando, según familiares, fue golpeado brutalmente por funcionarios penitenciarios. Las imágenes de su cuerpo muestran claros signos de tortura, aunque la versión oficial asegura que se trató de un suicidio. La falta de una investigación independiente ha dejado a su familia y a la sociedad civil en busca de justicia.
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Luis Barrios Díaz: Condenado a nueve años de prisión por participar en las protestas del 11J, falleció en el Hospital La Covadonga debido a complicaciones respiratorias en un contexto de negligencia médica. A pesar de las señales de deterioro en su salud, las autoridades no tomaron medidas oportunas para salvar su vida, evidenciando el abandono médico sistemático que enfrentan los presos políticos en Cuba.
Yosandri Mulet Almarales: Detenido y sentenciado a cinco años tras las manifestaciones del 11J, Mulet falleció el 27 de agosto de 2024 en prisión. Denuncias indican que padecía problemas de salud que no fueron atendidos adecuadamente, lo que resultó en un deterioro fatal de su estado. La negligencia médica y el abandono lo convirtieron en otra víctima del sistema penitenciario cubano.
Gerardo Díaz Alonso: Preso político condenado a ocho años de cárcel, murió el 18 de octubre de 2024. Su fallecimiento, vinculado a complicaciones de salud no tratadas en prisión, refuerza el patrón de negligencia y abuso hacia los detenidos. La falta de atención médica adecuada fue un factor determinante en su muerte, según organizaciones de derechos humanos.
Estas historias, verificadas por organizaciones de derechos humanos, destacan cómo el régimen utiliza el sistema penitenciario para castigar y silenciar a quienes desafían su autoridad. Estas pérdidas se suman a un contexto de abuso generalizado: más de 650 prisioneros políticos reportan patologías graves, y otros 70 sufren trastornos mentales severos, según informes recientes de Prisoners Defenders. Estas cifras reflejan un sistema penitenciario utilizado como herramienta de represión, donde la salud y la dignidad de los reclusos son constantemente violadas.
Desde julio de 2021, el régimen ha encarcelado a más de 1,500 personas por participar en las protestas, de las cuales 554 continúan en prisión, con sentencias de hasta 20 años. Estas cifras no solo evidencian la magnitud de la represión, sino también el carácter indiscriminado de la misma: muchos de los encarcelados no tenían antecedentes de oposición ni activismo.
A estas condenas se suma el uso de la tortura psicológica y física, el aislamiento prolongado y la negación de atención médica. Además, la represión no se limita a los muros de las prisiones; también se manifiesta en cortes arbitrarios de internet, golpizas a manifestantes y un discurso público que busca deshumanizar a los opositores.
El silencio cómplice de la comunidad internacional ante estas muertes es alarmante. Cuba ha sido un tema recurrente en foros internacionales, pero las acciones concretas para presionar al régimen siguen siendo insuficientes. La sociedad civil, tanto dentro como fuera de la isla, exige justicia y la liberación inmediata de todos los presos políticos.
En palabras de Prisoners Defenders, la situación es “crítica y desgarradora”. La dictadura cubana, que alguna vez se vendió como un modelo de justicia social, hoy no es más que una máquina represiva que ahoga cualquier vestigio de libertad. Las muertes de Guillén, Barrios, Mulet, Díaz y otros prisioneros son el recordatorio más crudo de esta realidad.
El grito de libertad que resonó en las calles de Cuba el 11J no ha sido sofocado, a pesar de los intentos del régimen por extinguirlo. Las muertes de estos presos políticos, lejos de silenciar a la oposición, subrayan la urgencia de un cambio profundo en el país. La comunidad internacional y la sociedad civil deben redoblar esfuerzos para visibilizar estos crímenes y exigir justicia para quienes dieron su vida en la lucha por la libertad.
Preguntas frecuentes sobre la represión del régimen cubano y la muerte de manifestantes del 11J
¿Cuántos manifestantes del 11J han fallecido bajo custodia en Cuba?
Al menos cuatro manifestantes del 11J han fallecido bajo custodia en Cuba. Estos casos incluyen a Manuel de Jesús Guillén Esplugas, Luis Barrios Díaz, Yosandri Mulet Almarales y Gerardo Díaz Alonso, quienes murieron en condiciones que reflejan negligencia médica y abuso por parte del régimen cubano.
¿Qué condiciones enfrentan los presos políticos en las cárceles cubanas?
Los presos políticos en Cuba enfrentan condiciones infrahumanas, incluyendo torturas, negligencia médica y tratos crueles e inhumanos. Las cárceles presentan carencias severas en alimentos y productos de higiene, lo que contribuye a un estado de salud deplorable entre los detenidos.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la represión en Cuba?
La comunidad internacional ha mostrado preocupación y condena por la represión en Cuba. Figuras políticas y organizaciones de derechos humanos han pedido el cese de las detenciones arbitrarias y la liberación de los presos políticos. Se han hecho llamados a sanciones y acciones concretas contra el gobierno cubano.
¿Qué impacto han tenido las protestas del 11J en Cuba y su entorno internacional?
Las protestas del 11J marcaron un hito en la historia reciente de Cuba, evidenciando el descontento popular contra el régimen cubano. A pesar de la represión brutal, estas protestas han mantenido el foco internacional sobre la falta de derechos humanos en la isla y han catalizado un llamado global a favor de la libertad y la justicia para los detenidos políticos.
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