El régimen cubano anunció la puesta en marcha de un "proyecto experimental" que introduce un nuevo esquema de gestión para el servicio de ambulancias en La Habana, con la incorporación de 15 ambulancias dotadas de tecnología especializada.
Un reporte del periodista Bernardo Espinoza para el Noticiero Nacional de Televisión (NTV) resaltó el acuerdo alcanzado entre los ministerios de Transporte, Salud Pública, autoridades del Partido Comunista de Cuba (PCC), el gobierno de La Habana y la empresa mixta MCV Comercial S.A.
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El “proyecto experimental” surgió en las negociaciones de la Feria Internacional de Transporte y Logística celebrada en abril de 2024 en la capital. Al final del reporte, en el que Espinoza entrevistó a autoridades y responsables del proyecto, el periodista oficialista deslizó el siguiente comentario:
“El pago de los servicios a la entidad mixta propietaria de los equipos será asumido por el Presupuesto del Estado”.
O sea, los cubanos están siendo testigos de una privatización encubierta de servicios públicos esenciales, de la que no existió jamás una convocatoria pública, un pliego de condiciones, y de la que no tienen información alguna sobre el costo que supondrá para las arcas del Estado, que se nutren de sus impuestos y contribuciones.
Tampoco es accesible información alguna sobre la empresa mixta MCV Comercial S.A., sobre quiénes la integran y dirigen, con qué capital se formó, o cuál fue su oferta para participar en este “proyecto experimental” anunciado por el régimen comunista.
Todas estas dudas quedaron sintetizadas y plasmadas en un tuit reciente del economista cubano Pedro Monreal, quien criticó el acuerdo y apuntó a la privatización encubierta de servicios públicos esenciales que está echando a andar el régimen cubano con su famoso “paquetazo” de medidas económicas para “corregir distorsiones y reimpulsar la economía”.
“Narrativa nebulosa sobre ‘experimento’ de ambulancias. No sería solamente ‘colaboración intersectorial’. También parece abrir un business a inversionistas extranjeros en la gestión de servicios internos básicos de salud pública”, señaló el experto en su publicación.
Además, contrastó la decisión con la narrativa oficial de un régimen comunista que siempre ha defendido su “superioridad moral” sobre el capitalismo por el libre acceso a servicios públicos como la Salud y la Educación, sufragados por el presupuesto del Estado y supuestamente libres de las imposiciones y condicionantes de una lógica de mercado.
“¿Dónde quedaría la alabanza a la supuesta superioridad de un gigantesco sector estatal que declara su incapacidad para poseer, operar y mantener ambulancias?; ¿Qué le impide al gobierno involucrar al capital privado nacional en ese tipo de ‘experimento’?”, preguntó Monreal.
La medida representa una aparente contradicción con la postura históricamente defendida por el régimen, que ha sostenido la primacía de la empresa estatal socialista sobre la privada y se ha manifestado en múltiples ocasiones en contra de cualquier proceso de privatización, motivo por el cual ha despertado una ola de críticas en redes sociales.
Contradicciones del discurso oficial
A lo largo de los años, figuras del gobierno como el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el gobernante Miguel Díaz-Canel han reiterado que la privatización no es el camino para Cuba, defendiendo el modelo socialista de gestión centralizada.
En una reunión del Consejo de Ministros celebrada en diciembre de 2019, Díaz-Canel aseguró que en 2020 se iban “a quitar trabas para potenciar la empresa estatal”, que se iba a implementar “todo lo que sea necesario para desatar las fuerzas productivas”, pero que nada de ello podía confundirse “con privatización, pues ese no es nuestro camino”.
Por su parte, Marrero ha declarado recientemente que "las empresas estatales no se van a dejar caer" y que el gobierno tiene la responsabilidad de fortalecerlas, mientras que Díaz-Canel ha insistido en que las medidas económicas adoptadas buscan preservar el modelo socialista, rechazando las críticas sobre un supuesto proceso de desmantelamiento del sector público.
“Las dejamos deteriorarse, bajo la excusa de que hay pocos recursos, y a pesar de todas las políticas que hemos aprobado de la autogestión. Una estrategia intencionada para después justificar que hay que privatizar”, dijo Marrero Cruz en junio de 2024 al hablar sobre las deficiencias de las empresas estatales.
Sin embargo, el “proyecto experimental” de las ambulancias parece contradecir todas estas declaraciones y pone sobre la mesa varias preguntas sobre la verdadera naturaleza y alcance de esta privatización encubierta emprendida por el régimen cubano de manera opaca.
A pesar de la magnitud del proyecto, no se han ofrecido detalles claros sobre los costos del contrato, la duración del acuerdo ni las condiciones específicas de la participación privada en el sector de salud pública. La falta de información y la narrativa oficial poco precisa han alimentado el escepticismo entre la ciudadanía y los expertos.
La falta de transparencia no es un problema nuevo en la gestión pública cubana. El gobierno ha manejado con hermetismo asuntos clave como la privatización de locales en La Habana o la gestión de servicios necrológicos en Santiago de Cuba. En 2023, el gobierno negó la privatización de estos servicios, a pesar de evidencia de que entidades privadas habían tomado el control operativo.
Impacto en la población
La decisión de destinar recursos estatales a la empresa mixta MCV Comercial S.A. genera dudas sobre las prioridades del gobierno y su compromiso con la eficiencia del gasto público.
Desde la perspectiva de la ciudadanía, la implementación de este modelo de gestión plantea interrogantes sobre la equidad y el acceso a los servicios de salud. Se desconoce si esta colaboración implicará la eventual introducción de tarifas o pagos adicionales por parte de los ciudadanos, o si el “proyecto experimental” se desplegará en iguales condiciones en todas las áreas de salud del país.
“Nuestro plan es echar a andar este primer proyecto con las primeras 15 ambulancias y, en la medida que avance el año, vamos a ir diseñando la ampliación de este [proyecto], y también la creación en otras provincias, en la propia infraestructura de la empresa mixta, para prestar el servicio a las otras provincias”, aseguró al NTV el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, quien defendió la necesidad de extender este modelo porque actualmente “los servicios sanitarios en ocasiones no son tan eficientes como debieran ser”.
“En términos prácticos hemos buscado un esquema en el cual Transporte se va a ocupar de la ambulancia y el chofer, Salud Pública pone todo la tripulación médica, y entre los dos aseguramos que ese servicio tenga calidad. Los vehículos van a ser de la empresa mixta MCV Comercial S.A., que se va a encargar además de su explotación y de su mantenimiento”, añadió.
Privatización encubierta
A pesar de las afirmaciones oficiales de que la medida no implica privatización, la falta de claridad sobre los términos de la participación de la empresa mixta en la gestión de las ambulancias sigue generando desconfianza entre los expertos y la población.
La ausencia de un marco regulador transparente y la negativa del gobierno a reconocer públicamente la posibilidad de un cambio estructural en la gestión de los servicios públicos alimentan la percepción de que se está implementando una privatización encubierta.
La implementación de este nuevo esquema de gestión de ambulancias representa un punto de inflexión en la política de servicios públicos defendida por el régimen cubano durante más de 60 años.
A pesar de las declaraciones del gobierno de la “continuidad” en contra de la privatización, los hechos sugieren lo contrario. La falta de transparencia, la narrativa manipulada y la ausencia de cifras concretas sobre el proyecto solo refuerzan la idea de que el régimen está adoptando medidas que contradicen su propio discurso... y la sospecha de que nuevas “élites” conectadas al poder y la toma de decisiones del régimen saldrán beneficiadas con esta trapacera privatización encubierta.
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