El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció recientemente que la Patrulla de Carreteras del estado asumirá nuevas funciones en materia de inmigración, reforzando la aplicación de leyes migratorias en puntos de control, informó la agencia Efe.
Esta medida forma parte de su política para combatir la inmigración irregular y fortalecer la seguridad fronteriza dentro del estado.
Durante una conferencia de prensa en Tallahassee, DeSantis indicó que los oficiales de la Patrulla de Carreteras colaborarán con las autoridades migratorias federales y estatales para detectar y detener a personas que se encuentren en situación irregular en el país.
"Florida no será un santuario para la inmigración ilegal. Seguiremos tomando medidas contundentes para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos", declaró el gobernador.
A través de su cuenta en X, De Santis declaró que: "Este acuerdo permite a los agentes de la ley estatal de la Patrulla de Carreteras de Florida entregar y ejecutar órdenes de arresto por violaciones de inmigración, arrestar a cualquier extranjero que intente ingresar a nuestro país ilegalmente y entregarlo al ICE sin demora, e interrogar a los presuntos inmigrantes ilegales y detener a cualquier persona que viole nuestras leyes de inmigración. Nuestras fuerzas de seguridad estatales tendrán la autoridad de emitir órdenes de detención de inmigrantes y preparar documentos de acusación con anticipación, lo que agilizará las deportaciones".
"Junto con nuestros socios federales, Florida está lista para ayudar a hacer cumplir las leyes de nuestro país y mantener a todos los estadounidenses a salvo del flagelo de la inmigración ilegal", agregó.
La nueva función de la Patrulla de Carreteras se implementará en las próximas semanas, con un enfoque en autopistas principales y zonas de alto tráfico.
Esta decisión se enmarca en un contexto de intensificación de las políticas migratorias en Florida.
Recientemente, fueron llevadas a cabo redadas en el condado de Palm Beach, que resultaron en la detención de 32 personas de diversos países, incluyendo Guatemala, Haití, México y Venezuela.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), muchos de los detenidos tenían antecedentes penales por delitos como posesión de drogas, robo y fraude.
Desde la toma de posesión de Donald Trump a la presidencia el 20 de enero de 2025, ICE ha intensificado sus operativos en la región, provocando una creciente incertidumbre entre los inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales viven con el temor constante de ser detenidos y deportados.
Aunque el gobierno sostiene que las deportaciones se centran en "criminales violentos", los efectos colaterales de estas políticas han afectado a miles de trabajadores esenciales. Sectores como la agricultura, la construcción y la atención sanitaria, que dependen en gran medida de la mano de obra inmigrante, se han visto particularmente impactados.
Estas acciones han dejado una marca profunda en la comunidad inmigrante. Muchos evitan salir de sus hogares por miedo a ser detenidos, lo que ha generado una caída significativa en la disponibilidad de mano de obra en industrias esenciales. El impacto social es devastador, con padres separados de sus hijos y trabajadores esenciales ausentes de sus empleos.
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