Experto español de redes sociales recomienda al régimen cubano controlar aún más Internet

Carlos Penalva, experto en redes sociales, sugiere al régimen cubano aumentar el control de Internet, enfatizando marcos regulatorios.


El español Carlos González Penalva, experto en redes sociales, recomendó al régimen cubano que refuerce aún más su control sobre Internet.

Penalva, quien se autodefine como "comunista estoico y racionalista filosófico", fue entrevistado por Canal Caribe, en el programa Buenos Días, para un segmento informativo titulado "Guerra Mediática contra Cuba en redes sociales".


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Durante su intervención, expuso tres ideas esenciales. En primer lugar, indicó que la intervención del Estado, en cuanto a movimiento de la información en redes sociales, debe actuar en los segmentos susceptibles a consumir contenidos potencialmente nocivos para el gobierno, es decir, en la población que se siente inconforme.

En su criterio, no tiene sentido actuar directamente contra los emisores del mensaje, ya que, al desarticular un grupo en Florida, surgiría otro con los mismos contenidos en España o en cualquier región del mundo, porque hay quienes consuman ese producto informativo "nocivo".

Como segunda idea, Penalva sugirió la necesidad de generar marcos regulatorios más estrictos para la interacción en las redes sociales.

En este aspecto, Cuba ya ha avanzado con regulaciones que limitan la libertad de expresión de las personas. Las medidas del régimen implican la imposición de multas y penas de prisión contra ciudadanos por expresar opiniones políticas en el entorno digital.

En su tercer planteamiento, Penalva afirmó que el mundo se encuentra en un "contexto global de conflicto", donde las campañas de desinformación para desestabilizar países y economías son cada vez más frecuentes.

Su discurso está alineado con el del régimen cubano, incluso utiliza terminología muy similar. Insistió en que las supuestas campañas de desinformación contra Cuba, forman parte de una guerra mediática, no convencional, que puede generar zonas grises en la comunicación y conducir de la paz, a una escalada de tensiones y conflictos bélicos inmediatos.

"No se trata solo de desinformación, que no es un fenómeno nuevo, sino de guerra y de una estrategia profunda que busca modificar, con revolución de las tecnologías de la comunicación, la percepción de la realidad política y social y manipular emociones con el objetivo de subvertir las instituciones y la sociedad de Cuba", dijo el comunicador comunista en su perfil en X.

Penalva no se refirió en su intervención a la crisis de los medios de comunicación en Cuba, ni a la represión que sufren los ciudadanos en la isla que tienen ideas políticas contrarias al régimen, ni a la falta de libertad de prensa y de expresión que hay en el país desde hace más de seis décadas.

El Decreto Ley 35 y la restricción de la libertad de expresión en Cuba

En 2021, tras las masivas protestas del 11J, el gobierno cubano publicó en la Gaceta Oficial de la República el Decreto Ley 35, con el que legisló restricciones severas a la libertad de expresión en Internet.

Bajo esta normativa tipificó hechos como la difusión de "noticias falsas", mensajes ofensivos o cualquier contenido que afecte el prestigio del país, como incidentes de ciberseguridad.

También comenzó a considerar como "difusión dañina" la publicación de todo tipo de datos que, según las autoridades, atenten contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado. Además, criminalizó los llamados a manifestaciones y protestas pacíficas, catalogándolos como "ciberterrorismo".

El Decreto Ley 35, junto con otras resoluciones complementarias, establece que el Estado cubano es el titular de los servicios públicos de telecomunicaciones y tiene la potestad de regular, controlar y fiscalizar todos los servicios y redes en el país.

Un marco legal para el control absoluto de Internet

En 2023, el Parlamento cubano aprobó unánimemente la polémica Ley de Comunicación Social que limita, todavía más, la libertad de prensa en Cuba. La norma controla los contenidos de los medios y fue duramente cuestionada por organizaciones no gubernamentales y la prensa independiente.

Miguel Díaz-Canel, calificó la ley como un "primer paso" para controlar el sistema de comunicación en Cuba y prohíbe, entre otras cosas, la divulgación de información que pueda "desestabilizar el Estado socialista".

Esta Ley solo permite la existencia de medios vinculados al Estado o al Partido Comunista. No garantiza la libertad de prensa ni permite la difusión de contenidos independientes al margen de la narrativa oficial.

Preguntas frecuentes sobre el Control de Internet y la Libertad de Expresión en Cuba

¿Qué recomienda Carlos Penalva al régimen cubano respecto al control de Internet?

Carlos Penalva recomienda al régimen cubano reforzar aún más el control sobre Internet. Esto incluye establecer marcos regulatorios más estrictos para la interacción en redes sociales, con el objetivo de limitar la difusión de contenido que se considera nocivo para el gobierno cubano.

¿Qué impacto tiene el Decreto Ley 35 en la libertad de expresión en Cuba?

El Decreto Ley 35 en Cuba impone severas restricciones a la libertad de expresión en Internet. Tipifica como delitos la difusión de "noticias falsas" y mensajes ofensivos, criminalizando incluso los llamados a protestas pacíficas, lo que limita significativamente la capacidad de los ciudadanos de expresarse libremente en plataformas digitales.

¿Cómo afecta la Ley de Comunicación Social a la prensa en Cuba?

La Ley de Comunicación Social en Cuba limita severamente la libertad de prensa. Esta ley controla los contenidos de los medios, permitiendo únicamente la existencia de medios vinculados al Estado o al Partido Comunista, y prohíbe la divulgación de información que pueda "desestabilizar el Estado socialista".

¿Qué justificación utiliza el régimen cubano para controlar la información en Internet?

El régimen cubano justifica el control de la información en Internet como una defensa contra campañas de desinformación. Según el discurso oficial, estas campañas forman parte de una "guerra mediática" contra Cuba, que busca desestabilizar el país y su sistema económico, justificando así las restricciones impuestas a la libertad de expresión.

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