Los beneficiarios de los programas de permiso humanitario (parole) para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, podrían enfrentarse a una deportación, luego de que sus permisos queden sin efecto, tras la terminación del programa que permitían la entrada temporal de migrantes por razones humanitarias o de beneficio público significativo.
En un borrador oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) circulado con la rúbrica de Kristi Noem, Secretaria de Seguridad Nacional, se especifica que quienes no tengan otra base legal para permanecer en EE.UU. deberán abandonar el país o enfrentar procedimientos de deportación.
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La decisión responde a la Orden Ejecutiva 14165 del presidente Donald Trump, emitida el 20 de enero de 2025, que ordena asegurar la frontera y terminar con los programas de parole.
Según el comunicado, se revocarán también los permisos de viaje pendientes, los apoyos confirmados (I-134A) y la autorización de empleo derivada del parole.
No obstante, el texto normativo no especifica que el DHS no considera válidas las expectativas de los beneficiarios sobre la continuidad del programa, ya que se había advertido que era temporal y sujeto a cancelación discrecional.
El argumento esgrimido por el DHS indica es que estos programas no lograron reducir la migración irregular ni mejorar significativamente la seguridad fronteriza, y generaron un aumento de presión sobre comunidades locales, recursos públicos, y el sistema judicial migratorio, ya colapsado.
En total, más de 532,000 personas ingresaron a EE.UU. bajo estos programas entre 2022 y 2025. El DHS sostiene que estas admisiones masivas, aunque legales bajo la figura del parole, fueron contrarias al espíritu original de la ley, que establece que estos permisos deben darse caso por caso.
El aviso se publicaría el 25 de marzo en el Registro Federal. El programa, conocido como CHNV por las iniciales de las nacionalidades involucradas, dice que "las personas en libertad condicional sin una base legal para permanecer en los Estados Unidos después de esta terminación de los programas de libertad condicional CHNV deben salir antes de su fecha de terminación de la libertad condicional".
"Estamos hablando de casi 500.000 personas que entraron bajo este programa, medio millón de personas, y realmente todas estas personas están viviendo en Estados Unidos", dijo a Miami Herald Elizabeth Amaran, abogada de inmigración con sede en Miami.
Cubanos en riesgo
La suspensión indefinidamente del procesamiento de solicitudes migratorias para beneficiarios del parole humanitario y de otros programas migratorios podría afectar a más de 800 mil personas en total, pues incluiría a los 531 mil que entraron por parole (de ellos 110 mil cubanos, aunque muchos han obtenido ya su residencia permanente); 240 mil ucranianos y también una cifra más pequeña que entraron por el parole de familia.
Entre los beneficiarios de parole, de I-220a e I-220B (en libertad con orden de deportación) suman cerca de 600,000 cubanos.
Se estima que alrededor de 400 mil tienen este estatus I-220A mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo político o un posible parole que les permita acceder a la residencia permanente. El I-220A, otorgado en puntos fronterizos de EE.UU. bajo un criterio de libertad bajo supervisión, no se reconoce como admisión legal formal en el país.
Desde el inicio del programa en 2023 y hasta julio de 2024, unos 110,000 cubanos fueron examinados y autorizados para viajar.
Hasta finales de julio, fueron beneficiados más de 520,000 personas de Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, los países incluidos en este programa de la administración Biden.
La deportación expedita
La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, había manifestado su intención de revocar el estatus legal de más de 1,8 millones de migrantes beneficiados por diferentes programas temporales de libertad condicional humanitaria, que fueron implementados durante la Administración Biden.
Los inmigrantes afectados por la revocación de su estatus podrían quedar sujetos a procesos de deportación por la vía rápida, según trascendió a inicios de marzo.
De acuerdo con un correo electrónico interno del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) visto por Reuters, aquellos que cruzan la frontera ilegalmente pueden ser sometidos a un proceso de "expulsión acelerada" hasta dos años después de su entrada.
No obstante, los migrantes que ingresaron legalmente a través de puertos de entrada sin haber sido formalmente "admitidos" en EE.UU. -como los beneficiarios de la libertad condicional- no tienen un límite de tiempo para su deportación rápida.
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