Cristóbal Fernández Viamonte, ciudadano de doble nacionalidad cubana y mexicana, fue extraditado a México desde Colombia tras ser identificado como el cabecilla de una red transnacional de trata de personas con fines de explotación sexual.
Su captura, efectuada en Medellín en julio de 2024, y su posterior extradición, ejecutada este 21 de marzo de 2025, han sido resultado de una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia, la Policía Federal Ministerial de México y la Interpol, en una lucha coordinada contra el crimen organizado.
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Fernández Viamonte fue requerido por la justicia mexicana, específicamente por el Juez del Circuito Especializado del Estado de Yucatán, por su participación en el reclutamiento y traslado de mujeres colombianas hacia México bajo falsas promesas laborales.
Allí, las víctimas eran explotadas sexualmente, retenidas contra su voluntad y sometidas a condiciones de esclavitud moderna.
Una fachada de lujo en Medellín para encubrir la red de trata
Durante los cuatro años que Fernández Viamonte permaneció en Colombia, se estableció en el exclusivo sector de El Poblado, en Medellín, donde llevaba una vida de lujo que le permitió pasar desapercibido ante las autoridades.
Se presentaba como un exitoso empresario que residía en una mansión valorada en millones de pesos colombianos, movilizándose en vehículos blindados y escoltado por personal de seguridad privado.
Sin embargo, detrás de esta fachada operaba una compleja estructura criminal dedicada a la captación de mujeres jóvenes, muchas de ellas en situación de extrema vulnerabilidad económica, principalmente en las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.
Las víctimas eran engañadas con ofertas de empleo en hoteles y clubes nocturnos en Cancún y Mérida, que incluían supuestos contratos de trabajo y promesas de estabilidad financiera.
De la captación al sometimiento: El modus operandi de la red
Una vez aceptaban la oferta, las mujeres eran trasladadas a México, donde sus pasaportes y documentos de identidad eran confiscados de inmediato.
De acuerdo con la Policía Federal Ministerial, las víctimas eran obligadas a firmar contratos fraudulentos que las endeudaban por sumas impagables bajo la justificación de haberles financiado el viaje y su estadía.
Esta táctica, conocida como "deuda-bondage", es un mecanismo de coerción habitual en las redes de trata.
En Cancún y Mérida, las víctimas eran forzadas a ejercer la prostitución para saldar deudas inexistentes, bajo amenazas constantes y en condiciones de precariedad absoluta.
“Las víctimas quedaban atrapadas en un círculo de explotación del que difícilmente podían escapar”, advierte el informe de la Interpol México.
Según la investigación, la red de Fernández Viamonte empleaba métodos sofisticados para traficar a las mujeres: utilizaban cartas de invitación falsas para evadir los controles migratorios y reservas en hoteles y casas de seguridad donde las víctimas eran mantenidas bajo estricta vigilancia.
Captura en Medellín y golpe simultáneo en México
La detención de Fernández Viamonte se produjo el 10 de julio de 2024 en el Centro Comercial Milla de Oro de Medellín.
Agentes encubiertos de la Policía Nacional, junto a oficiales de la Interpol, lograron sorprender al acusado mientras realizaba compras.
En el momento de su captura, Fernández Viamonte se encontraba protegido por un esquema de seguridad privado y viajaba en un vehículo blindado, medidas que había implementado para evitar ser detectado por las autoridades.
Simultáneamente, en el estado de Yucatán, la Policía Federal Ministerial capturó a alias "La Capitana", considerada la segunda al mando en la red criminal. Esta mujer era la encargada de recibir a las víctimas en México y de coordinar su explotación sexual.
Durante el operativo en Mérida, las autoridades lograron rescatar a ocho mujeres que se encontraban retenidas y sometidas a trabajos forzados.
La Interpol México confirmó que la estructura criminal de Fernández Viamonte operaba con un alto nivel de sofisticación, contando con una red de colaboradores que incluía reclutadores en Colombia, operadores logísticos y encargados de la seguridad de las víctimas en territorio mexicano.
Un negocio millonario alimentado por la explotación
De acuerdo con las autoridades, la organización criminal acumuló un patrimonio que supera los 8,000 millones de pesos colombianos (alrededor de 2 millones de dólares).
Estos ingresos provenían de la explotación sistemática de mujeres que, engañadas por la promesa de un mejor futuro, terminaban atrapadas en una red de prostitución forzada.
Los bienes incautados incluyen propiedades de lujo, vehículos de alta gama y cuentas bancarias en Colombia y México.
“Esta red utilizaba su poder económico no solo para mantener su operación a flote, sino para corromper a intermediarios y dificultar la acción de las autoridades”, señalaron fuentes de la Interpol citadas por la prensa colombiana.
La lucha frontal contra la trata de personas
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la captura y extradición del cabecilla de la red criminal y reafirmó la política de “cero tolerancia” frente a este tipo de delitos.
“Medellín no es refugio de criminales. Gracias al trabajo articulado entre INTERPOL, la Policía Nacional y las autoridades internacionales, el año pasado logramos capturar a Cristóbal Paulino Fernández Viamonte, ciudadano cubano-mexicano, en el Parque Lleras”, declaró el alcalde.
En su mensaje publicado en redes sociales, Gutiérrez enfatizó que la seguridad de los ciudadanos y la protección de los más vulnerables, especialmente mujeres y menores, son una prioridad para la administración local.
“No paramos: inadmitimos, expulsamos, capturamos y hasta extraditamos a cualquier depravado o criminal”, afirmó.
Una operación binacional con respaldo internacional
La extradición de Fernández Viamonte representa un golpe estratégico en la lucha contra la trata de personas entre Sudamérica y México.
La operación, que tomó más de 90 días de coordinación entre las autoridades de ambos países, es un reflejo de la cooperación internacional creciente para desarticular redes de explotación sexual que afectan principalmente a mujeres jóvenes de origen colombiano.
La Policía Nacional de Colombia destacó que esta captura es parte de una serie de esfuerzos articulados con agencias internacionales, como Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos, para combatir la trata de personas y otros delitos conexos.
Además de la detención de Fernández Viamonte y alias "La Capitana", las autoridades han abierto nuevas líneas de investigación para identificar a otros miembros de la organización y profundizar en el rastreo de activos obtenidos ilícitamente.
Tras su extradición a México, Cristóbal Fernández Viamonte será procesado por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, en un juicio que podría derivar en penas ejemplares dada la gravedad de las acusaciones y la magnitud de la red criminal.
Se espera que en el proceso judicial también surjan nuevos detalles sobre otros posibles involucrados y que las autoridades mexicanas logren desmantelar por completo la estructura criminal que operaba a ambos lados de la frontera.
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