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La ciudad de South Miami, en el estado de Florida, ha decidido buscar protección judicial para no verse obligada a convertir a su fuerza policial local en una extensión de las políticas migratorias federales.
La medida llega en medio de crecientes presiones por parte del fiscal general del estado, James Uthmeier, quien ha advertido a varios municipios sobre posibles sanciones si no cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
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Durante una reunión celebrada el martes, el alcalde de South Miami, Javier Fernández, explicó que la ciudad pedirá a un juez que determine si están legalmente obligados a interrogar y detener a inmigrantes indocumentados como parte de sus funciones policiales rutinarias.
“El único refugio seguro que nos queda es ir a los tribunales y pedir una opinión sobre lo que dice la ley y cuáles son nuestras obligaciones”, dijo Fernández. “No se trata del mérito de la política, sino de una pregunta jurídica puntual”, citó el medio Tampa Bay.
La decisión se produce después de que el fiscal Uthmeier enviara una carta a funcionarios de Fort Myers, acusándolos de violar la ley estatal por negarse a firmar un acuerdo formal con ICE bajo el programa 287(g).
Este programa permite a las fuerzas policiales locales actuar como agentes migratorios federales. Uthmeier calificó la negativa como una “violación grave y directa” de la ley de 2019 que prohíbe las llamadas "ciudades santuario" en Florida.
Uthmeier también advirtió que las ciudades que no colaboren podrían enfrentar sanciones civiles y penales, incluida la suspensión de sus funcionarios por parte del gobernador Ron DeSantis.
El caso de South Miami refleja las tensiones que enfrentan las ciudades de Florida entre cumplir con mandatos estatales cada vez más agresivos en materia migratoria, y mantener la autonomía local para decidir cómo operar sus cuerpos policiales.
Funcionarios municipales temen que el no alinearse con las políticas del estado pueda resultar en represalias, como recortes presupuestarios o sanciones políticas.
Más de 100 agencias policiales en Florida ya han firmado acuerdos con ICE bajo el programa 287(g), incluyendo departamentos en ciudades como Hialeah (con la mayor población hispana del país), Coral Gables, Tampa y St. Petersburg.
Sin embargo, en South Miami, el alcalde y otros funcionarios locales han optado por una evaluación más cautelosa.
“Hemos estado tratando de entender cómo este acuerdo puede afectar nuestro seguro, nuestras relaciones laborales y nuestra exposición legal”, explicó Fernández en una entrevista. “Queremos saber exactamente en qué nos estamos metiendo”.
El abogado de la ciudad, Anthony Recio, señaló que la carta del fiscal general es solo una interpretación de la ley, y no necesariamente una obligación legal. Aunque las opiniones del fiscal general son consideradas de gran peso, no son vinculantes, motivo por el cual la ciudad buscará una aclaración judicial.
“Vivimos en un entorno donde muchos quieren ganar puntos políticos a toda costa”, concluyó el alcalde. “Pero lo que yo quiero es vivir en una sociedad donde se respete el estado de derecho”, subrayó.
Preguntas frecuentes sobre la colaboración de ciudades de Florida con ICE
¿Por qué la ciudad de South Miami se niega a colaborar con ICE?
La ciudad de South Miami busca protección judicial para no verse obligada a convertir a su fuerza policial local en una extensión de las políticas migratorias federales. Prefieren mantener su autonomía y decidir cómo operar sus cuerpos policiales ante la presión del fiscal general de Florida, James Uthmeier, y las posibles sanciones del gobernador Ron DeSantis.
¿Qué es el programa 287(g) y por qué es relevante en Florida?
El programa 287(g) permite a las fuerzas policiales locales actuar como agentes migratorios federales, identificando y deteniendo a inmigrantes indocumentados. Este programa es relevante en Florida porque ha sido adoptado por más de 100 agencias policiales y es promovido agresivamente por el gobernador Ron DeSantis como parte de su política de línea dura contra la inmigración ilegal.
¿Cuáles son las posibles consecuencias para las ciudades de Florida que no colaboren con ICE?
Las ciudades que no colaboren con ICE podrían enfrentar sanciones civiles y penales, incluida la suspensión de sus funcionarios por parte del gobernador Ron DeSantis. Además, podrían sufrir recortes presupuestarios y sanciones políticas, lo que genera temor entre los funcionarios municipales de Florida.
¿Qué argumentos han presentado las autoridades de South Miami para buscar una aclaración judicial?
Las autoridades de South Miami, encabezadas por el alcalde Javier Fernández, argumentan que necesitan saber cuáles son sus obligaciones legales exactas respecto a la cooperación con ICE. Buscan una aclaración judicial para determinar si están legalmente obligados a interrogar y detener a inmigrantes indocumentados como parte de sus funciones policiales rutinarias, en lugar de simplemente seguir la interpretación del fiscal general.
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