El Administración Trump ha implementado una polémica estrategia para cumplir su promesa de intensificar las deportaciones masivas.
Según una investigación publicada originalmente por The New York Times, el gobierno de EE.UU. ha declarado fallecidos a más de 6,000 migrantes con estatus legal temporal, invalidando sus números de Seguro Social y eliminando su acceso a servicios financieros, beneficios gubernamentales y empleo.
Este proceso, descrito por algunos funcionarios como una forma de "asesinato digital", representa una intensificación drástica de las medidas migratorias adoptadas por la Administración.
La finalidad, según fuentes oficiales citadas por CBS News, es clara: “animarlos a autodeportarse”.
El mecanismo: Una muerte financiera
La acción se ejecuta a través de la manipulación del “archivo maestro de defunciones” de la Administración del Seguro Social (SSA), una base de datos que tradicionalmente se utiliza para evitar pagos indebidos a personas fallecidas.
Según CBS News, esta base ha sido renombrada como “archivo maestro de no elegibles” y, bajo este nuevo nombre, la SSA está incorporando migrantes vivos con fechas falsas de defunción, invalidando así sus números de Seguro Social.
Este tipo de clasificación es “equivalente a una muerte financiera”, dado que las instituciones bancarias y organismos gubernamentales se basan en esos registros para verificar la identidad y el estatus legal de las personas.
¿Quiénes son los afectados?
El primer grupo afectado por esta medida, según The Washington Post, consiste en más de 6,000 inmigrantes que entraron al país bajo el programa de libertad condicional implementado por el expresidente Joe Biden a través de la aplicación CBP One.
La administración Trump ha señalado que estas personas "tenían un incentivo monetario" para permanecer en el país.
Sin embargo, la selección de los individuos no ha sido del todo transparente, según revela AP.
Las fuentes indican que se trata de personas bajo programas temporales permitidos durante la era Biden, que autorizaban la estancia por dos años con permisos de trabajo, pero que ahora han visto revocado su estatus legal.
Además, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de la SSA firmaron un memorando de acuerdo que permitió la implementación de esta medida.
CBS News informó que los primeros 6.000 nombres fueron incorporados por petición del DHS, y que los seleccionados habrían tenido, supuestamente, antecedentes penales o vínculos con el terrorismo.
Sin embargo, expertos temen que esta práctica se extienda a inmigrantes con permisos laborales válidos.
Consecuencias inmediatas
Los efectos para los afectados son devastadores.
La pérdida del número de Seguro Social implica la imposibilidad de acceder a cuentas bancarias, servicios médicos, empleo formal y beneficios federales.
AP advierte que "forma parte de una iniciativa más amplia del presidente Donald Trump para reprimir a los inmigrantes” acogidos bajo políticas de la era Biden.
Además, el Departamento del Tesoro y el DHS firmaron otro acuerdo que permite al IRS compartir datos fiscales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el fin de verificar y deportar inmigrantes que estén ilegalmente en el país.
Esta medida provocó la renuncia de la comisionada interina del IRS, Melanie Krause.
Reacciones y críticas
La medida ha generado una fuerte ola de críticas tanto desde el Congreso como de organizaciones civiles.
El senador demócrata Ron Wyden, del Comité de Finanzas del Senado, afirmó que “la acción plantea la posibilidad de que la Administración Trump robe los beneficios de Seguridad Social obtenidos legalmente a los ciudadanos estadounidenses”.
Para Wyden, esta es una prueba de que “la promesa de Trump de proteger la Seguridad Social es una mentira”.
Martin O’Malley, excomisionado de la SSA durante la administración Biden, fue más tajante: “Si sin el debido proceso, Trump y Musk pueden 'desaparecer' ilegalmente o 'asesinar digitalmente' a cualquiera que haya ingresado legalmente a nuestro país, entonces pueden hacerlo con cualquiera que ya se encuentre legalmente aquí”.
Por su parte, Skye Perryman, directora ejecutiva de Democracy Forward, anunció que su organización probablemente demandará por la implementación de esta medida, que califica como una violación del estado de derech.
“Este presidente continúa teniendo un comportamiento ilegal, violando la ley y abusando de nuestro sistema de controles y equilibrios”, declaró a AP.
La clasificación de inmigrantes legales como fallecidos representa una medida sin precedentes, tanto por sus implicaciones humanas como legales.
Bajo el pretexto de combatir la inmigración ilegal, la administración Trump parece estar socavando derechos básicos sin el debido proceso, en una ofensiva que podría extenderse a otros grupos vulnerables.
Lo que comenzó con 6,000 casos podría convertirse en un precedente de alto riesgo para la legalidad y el respeto al estado de derecho en Estados Unidos.
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