Justicia 11J denuncia que excarcelaciones de 2025 no significaron libertad plena "sino una continuación del castigo fuera de prisión"

Al cumplirse un año del inicio del proceso de beneficios penitenciarios anunciado por el régimen cubano en enero de 2025, la plataforma Justicia 11J presentó el 15 de enero de 2026 su informe “Ni libres ni todos: Naturaleza coyuntural y condiciones represivas de las excarcelaciones en Cuba”.

El documento señala que entre el 15 de enero y el 10 de marzo de 2025 fueron beneficiadas al menos 212 personas sancionadas por razones políticas, y que el 90 % de las excarcelaciones ocurrió en los primeros seis días, entre el 15 y el 20 de enero. Tras un mes de silencio, el proceso se reactivó con 21 liberaciones adicionales, lo que —según Justicia 11J— evidenció un manejo discrecional y no lineal del proceso, ajustado a lógicas políticas y no a criterios jurídicos verificables.

En su informe, la organización subrayó que “en ningún caso se trató de libertades plenas”, pues las personas excarceladas “quedaron sujetas a beneficios penitenciarios revocables, con restricciones de movimiento, vigilancia policial, citaciones frecuentes y amenazas explícitas de retorno a prisión”. Justicia 11J añadió que “la figura jurídica utilizada para las excarcelaciones no garantiza estabilidad alguna ni impide la reclusión arbitraria”, y que “las personas liberadas siguen sometidas al control político y judicial del Estado”.

La organización también compartió en su cuenta de X (Twitter) que tras la excarcelación, la represión continuó y que el seguimiento a estas personas confirmó la continuidad del castigo fuera de prisión.

El monitoreo identificó que el grupo estuvo compuesto por un 86 % de hombres y un 14 % de mujeres, con una edad promedio de 36 años. Ocho tenían 60 años o más y seis fueron detenidas con 17 y 18 años. El informe recordó que “el Estado cubano ignoró los estándares internacionales durante el proceso de excarcelación, manteniendo en prisión a mujeres que cumplían criterios de las Reglas de Bangkok” de Naciones Unidas. Justicia 11J agregó: “En al menos cinco casos, mujeres madres de menores de edad fueron excluidas del proceso sin justificación aparente”.

El 98 % de las personas excarceladas cumplía sanciones vinculadas al 11J. En promedio, habían pasado alrededor de 3 años y medio en prisión. La condena más frecuente fue de cinco años, impuesta en 54 ocasiones, mientras 29 personas tenían penas de entre 10 y 15 años. 131 personas habían cumplido más de la mitad de su condena, y 38 presentaban condiciones de salud crónicas o discapacidades.

Justicia 11J concluyó que “las excarcelaciones de 2025 no cerraron el ciclo represivo, sino que lo desplazaron: de la cárcel a la excarcelación vigilada, del encierro formal al control permanente”. La organización advirtió que “la libertad de las personas ha sido instrumentalizada para obtener beneficios políticos, mientras persisten las condiciones que hacen posible su detención arbitraria y su uso como moneda de cambio”. El informe subraya además: “El Estado cubano no otorgó libertad, sino un régimen de castigo extendido más allá de los muros de la prisión”.

En su llamado final, Justicia 11J reiteró: La existencia de una sola persona presa política y de conciencia es una afrenta a los derechos humanos. ¡Libertad para todas ya!.

Amnistía Internacional Américas publicó el 14 de enero en su cuenta oficial el mensaje: “No fue libertad: el saldo amargo de las excarcelaciones en Cuba”. En él recordó que el 14 de enero de 2025 el Estado cubano anunció el otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas por delitos diversos, en el marco del espíritu del Jubileo Ordinario de 2025. Un año después, afirmó que el proceso no fue libertad, sino una extensión del sistema represivo.

La investigadora de Amnistía Internacional, Johanna Cilano, compartió ese pronunciamiento en su perfil de X y añadió que “todo el proceso de excarcelaciones estuvo marcado por la falta de transparencia y la permanencia de la represión”. Subrayó además que “no se reconoció la existencia de personas presas por razones políticas, y cientos permanecen en cárceles de Cuba solo por ejercer sus derechos humanos”. Cilano añadió: “Las excarcelaciones no implican justicia ni reparación; son parte del mismo entramado de control que mantiene a Cuba como una prisión a cielo abierto”.

Cilano advirtió que a muchas de las personas excarceladas se les han impuesto restricciones que limitan gravemente sus derechos humanos, y que otras enfrentan vigilancia, cortes de internet, acoso y nuevas detenciones.

El informe y las reacciones internacionales coinciden en que el proceso de excarcelaciones de 2025 no representó un cambio estructural en la política represiva del Estado cubano, sino la continuidad de un sistema de control que, en palabras de Justicia 11J, mantiene al país entero bajo una forma de libertad vigilada.